¿Separar las cuerdas?

El eslogan de la CADE 2017 fue “No más cuerdas separadas”. Para entonces nadie imaginaba la dimensión que alcanzarían las denuncias vinculadas al caso Lava Jato y lo comprometida que parece estar nuestra clase política, desde las izquierdas —con una exsecretaria de agendas que terminaron por encarcelar a su propietaria, y que pretende la Presidencia de la República para el 2021— hasta los sectores más conservadores, quienes manifestaban saber cómo hacer para recuperar el ritmo de crecimiento alcanzado en años previos.

En teoría, no debería haber cuerdas separadas porque el desarrollo económico y el progreso social necesitan de una institucionalidad sólida que garantice el devenir ascendente de ambas esferas de la dimensión humana. Pero la institucionalidad es definida en la esfera política, y esta es la que precisamente está fallando.

La decisión de la Procuraduría de solicitar una cuantiosa indemnización que difícilmente el Estado llegaría a cobrar, parece estar destinada a bloquear el esclarecimiento de los hechos, poniendo en riesgo las declaraciones del que fuera el principal funcionario de la compañía Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. En consecuencia, cabe preguntarse, ¿por qué lo hacen?

Una explicación podría ser que no existe voluntad de los actores políticos para esclarecer los actos de corrupción, máxime si existen serios indicios de su participación en estos hechos. Por eso podrían estar recurriendo a dicha institución, precisamente, para obstaculizar los acuerdos de transparencia a los que la Fiscalía arribó con sus pares en Brasil.

En el ínterin, lo preocupante es que la economía se ralentiza. Las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno van en descenso precisamente cuando la dinámica económica mundial va cuesta arriba. Y el Perú debería ser uno de los principales beneficiarios de este proceso.

Los analistas estiman que las principales economías del mundo alcanzarán un ritmo de crecimiento de 4% en su producto durante el presente año, incrementando la demanda de metales —cobre, el hierro y zinc—, mejorando los términos de intercambio y ayudando indirectamente a que nuestro déficit fiscal (-3.5%) disminuya. En ese sentido, el ruido y la inestabilidad en la esfera política están haciendo un grave daño a la economía nacional: retrasan la toma de decisiones de las principales inversiones, disminuyen la generación de empleo productivo y descentralizado, e impiden la expansión del aparato productivo nacional.

Ya sea que el actual Gobierno llegue al 2021 o que los acontecimientos derivados de los actos de corrupción o la clase política cambien la conducción del país, lo cierto es que hay que avanzar en términos económicos y que las investigaciones sigan su curso. La desprestigiada clase política aún tiene una oportunidad para dar muestras de madurez, de razonabilidad y proporcionalidad, y tomar acuerdos para que cualquiera que resulte electo o se haga cargo del Gobierno en un período previo al 2021, respete las condiciones mínimas de inversión para relanzar la economía, el crecimiento del empleo y mantener el grado de inversión que a más de una generación le costó alcanzar.

Las calificadoras de riesgo emiten mensajes a los inversionistas del mundo indicando que en tal o cual país pueden confiar, invertir, ganar y generar empleo. En consecuencia, las tasas de interés a las que accede un inversionista que decide emprender en esos países son menores. Pero si ocurre lo contrario, el crédito de consumo, el de vivienda y todos los demás mecanismos financieros elevan su costo. Si las izquierdas y las derechas quieren lo mejor para la población en situación de pobreza, deben lograr acuerdos mínimos para que el país empiece a despegar ahora.