¿Se viene un desastre político?

Mientras escribo estas líneas observo una complaciente entrevista televisiva en la que el histriónico actual presidente del Consejo de Ministros desconoce rampantemente la Ley. En esta entrevista, el aludido burócrata repudia los últimos resultados electorales para el Congreso de la República (declara no respetar a los elegidos) y se atribuye encargos constituyentes que avasallan la separación de poderes, mientras presiona al patético Legislativo de estos tiempos —con plazos incluidos— para que apruebe otra Reforma Constitucional. Una pose promocionada por medios de comunicación locales financieramente dependientes del presupuesto estatal. Sí, al más puro estilo chavista. Finalmente, estando involucrados en diversos episodios, también se autoimputan responsabilidades judiciales (el combate legal a la corrupción burocrática).

Aunque los diferentes poderes del Estado peruano destacan por su capacidad supersónica para recular y acomodarse, de materializarse esta suerte de rebelión registraríamos otro quiebre más en el orden constitucional peruano. Un golpe de Estado más. Sí, se comportan como otras decenas de golpistas en el pasado nacional. Igual que ellos, por supuesto, serán justificados febrilmente por sus medios, burócratas y colaboradores cercanos. Y también serán oportunamente traicionados por estos mismos.

Cerrando esta idea es menester subrayar dos precisiones. La primera implica que la elección de esta plancha presupuestal (sellada por sus sombras de extrema corrupción) y de esta manada de congresistas (con sus inagotables defectos y falta de criterio) fue nuestra. Los ciudadanos no solo los elegimos, debemos ser agua de malvas. Y es que, dentro del marco constitucional vigente, existen plazos y reglas de separación de poderes. Tolerar su incumplimiento, por más popular que nos resulte, nos hace cómplices de cualquier quiebre.

La segunda precisión resulta aún más importante: el Ejecutivo y el resto de la burocracia (incluyendo al Legislativo y el aparato judicial) han excedido sus límites. Abundan los presidentes, gobernadores, congresistas, fiscales y ministros que incumplen recurrentemente la ley, y abundan más los que no lo están justamente por la incapacidad o sesgo político de nuestras instituciones.

No nos engañemos: nuestra burocracia hoy detenta un alto grado de arbitrariedad, descapitalización y disfuncionalidad. Aquí no solo pesa el direccionamiento político, pesan —y mucho—- por ejemplo hechos como la dependencia fiscal de las empresas mediáticas.

De hecho, en la otrora inquisidora prensa limeña nadie siquiera discute lo sospechosamente reducido de la compensación financiera requerida a Odebrecht y sus vinculados; y mucho menos se acusa a los jefes de campaña de las elecciones de Kuczynski o Villarán.

Recordando estos asuntos incómodos y productores de súbitas urticarias en cientos de sobones, miremos el fondo del asunto. ¿Qué implicaría el golpe de Estado en proceso? La historia peruana es rica en ejemplos. Todos deplorables. Algunos repletos de buenas intenciones, pero todos ensuciados por las cloacas de la debilidad institucional. En ellos, a rajatabla opresores de la libertad individual, el botín burocrático se infla. No es casual la altísima correlación estadística entre los índices de percepción de corrupción burocrática en el Perú y el tamaño de su aparato estatal. Esto no es casual. Se explica gracias a su inclinación socialista y mercantilista.

Pero nótese: estos golpes de Estado, siempre justificados para sus cómplices y repletos de prensa lambiscona, por un lado quiebran o interpretan auténticamente las leyes y por otro, inflan —dizque socialmente— los presupuestos. El retroceso, reflejado en un menor crecimiento y la prostitución de la educación y salud públicas, de la Judicatura y fiscales, de las Fuerzas Armadas y Policiales, es la recurrente consecuencia.

Nos guste reconocerlo o no, el deterioro institucional peruano tendría una directa asociación con los golpes de Estado posvelasquistas, y toma sus tiempos madurando su nocividad. No es posible entender el colapso del gobierno de la Izquierda Unida y el APRA, en 1985, sin considerar el vector de política económica del hediondo velascato, Es por ello que resulta crucial develar que de materializarse un golpe de Estado en estos días —basado en la masacre mediática de las instituciones y en la implementación de un cambio constitucional a lo chavista—, implicaría el camino seguro al desastre económico.

No es casual hoy que —como en los días de la hedionda dictadura de 1968— las exportaciones y el crecimiento se desinflen, y los flujos de capitales se enerven. De hecho el flujo anualizado de capitales de corto plazo, a marzo pasado, se hincha a un inusual -US$ 5,049 millones. Sí, como plaza pasaremos pues a otro rubro. Desde débiles institucionales y exreformistas de mercado hasta golpistas-estatistas sudamericanos. Pero hay esperanzas. La batalla no será tan fácil para el vizcarrato. Y esto por la experiencia de los estratos C, D y E. Allí casi nadie vota por los mancillados Del Solar, Vizcarra, Mendoza o algún colaborador progolpista. Sin la plata de Odebrecht —y en ausencia de un proceso de votación electrónica manipulada— los votos que ellos atraen apenas implicarían a uno de cada cinco peruanos, tal como nos confirman las elecciones del 2016.

Pero ¿y el 28% de los votos “antis”? De nuevo, sin la plata turbia del exterior, ¿por quienes creen que votarían los “antis”: 1) ante el flagrante fracaso de la reconstrucción del norte; 2) ante lo poco confiable del grueso de la prensa limeña; 3) ante el sostenido enfriamiento económico post 2013; 4) ante las sombras de Vizcarra en Moquegua y en Chinchero y de los escándalos de Toledo, Humala y Villarán (que incluyen a Glave, Mendoza y Huilca); 5) ante el masivo fracaso del combate de la inseguridad ciudadana; 6) ante la desgracia cotidiana de operar un país donde la libertad para progresar y hacer negocios se deprime semana a semana?