Darío Enríquez

Se les viene la noche a los corruptos

No han podido tumbar al fiscal Chávarry

Se les viene la noche a los corruptos
Darío Enríquez
26 de septiembre del 2018

 

Estamos siendo testigos de una campaña de demolición mediática impresionante, que no se veía desde 1990, cuando Mario Vargas Llosa logró aglutinar a favor de su candidatura una maquinaria arrolladora que —felizmente para el Perú— terminó ahogándose en su propio miasma. Los poderes fácticos en el Perú, que controlan en forma eficaz y contundente la más grande concentración de medios de nuestra historia, han demonizado a Pedro Gonzalo Chávarry, pretendiendo destituirlo incluso desde antes de su asunción oficial del cargo como fiscal de la Nación. No lo han logrado hasta hoy, pero van a insistir hasta el final.

¿Cuál sería ese final? En verdad sería “el fin del principio”, tal como llamara el general Patton al Día D, en Normandía. Conoceremos muy pronto la información que ha alcanzado la Fiscalía de Brasil. Recordemos que el anterior fiscal, Pablo Sánchez, evitó que esa información llegara al Perú rompiendo en forma inexplicable —acción que la concentración de medios ocultó en forma artera y sistemática— el acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Brasil. Este acuerdo ha sido restituido por el nuevo fiscal Pedro Gonzalo Chávarry.

No es lo único que el fiscal Chávarry ha recuperado en la línea de hacer justicia y castigar a los megacorruptos locales (encabezados por Graña y Montero, ligada por accionariado y relación sanguínea con el Grupo El Comercio) que dilapidaron recursos públicos aportados por todos los ciudadanos peruanos (vía impuestos), en asociación ilícita con el consorcio de empresas brasileñas como Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y otras, bajo la superestructura mafiosa montada por el reo en cárcel Lula Da Silva y el Foro de Sao Paulo. Los presidentes que ejercieron entre 2001 y 2018 —Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia y PPK— tendrían señalamientos directos, mientras que gente de confianza de Alan García —nada menos que su ministro estrella, Enrique Cornejo— también estaría implicada, según los testimonios hechos en Brasil. Nefasta y voraz alianza contra natura entre la derecha mercantilista y la izquierda latinoamericana “responsable y sana” que tanto defendía y preconizaba —vaya sorpresa— el mismísimo Mario Vargas Llosa. ¿Qué cosas, no?

Esperemos que el presidente Martín Vizcarra, aparentemente ajeno a estos latrocinios, no termine implicado en casos como el del aeropuerto de Chinchero o los proyectos en Moquegua cuando él era gobernador de esa región. Su actitud beligerante contra el Congreso que investiga el caso Lava Jato (parte más importante de la megacorrupción), la ausencia de referencias a esa megacorrupción en sus discursos y su alineamiento con quienes dirigen la campaña de demolición mediática contra Chávarry, dan mala espina. Sin embargo, podría tratarse solo de una estrategia de supervivencia, equivocada por cierto, pero sin mayor implicación en corruptelas. Confiemos que solo sea eso.

Queda claro, para quienes tratamos de analizar a partir de hechos y no de prejuicios, que la estrategia de la megacorrupción ligada a la concentración de medios —además de desplegar todo su poder mediático al servicio de su defensa— tiene como elemento central el control de la Fiscalía de la Nación. Ese control lo mantuvieron firme en los últimos 18 años, pero con la llegada de Pedro Gonzalo Chávarry lo perdieron.

Una de las consecuencias de la llegada de Chávarry al puesto de fiscal de la Nación es que se frustró la posible fuga del renunciante Pedro Pablo Kuczynski. Antes de Chávarry ya se había coordinado con el fiscal Pablo Sánchez que PPK pediría “permiso” para viajar a EE.UU. por motivo médicos, y la Fiscalía no iba a poner obstáculos. Una de las primeras acciones de Chávarry, al asumir su cargo, fue disponer que la Fiscalía recusara el pedido de PPK, que muy probablemente iba a significar su huida del país.

Otro hecho notorio ha sido la “recuperación” del expediente Villarán en la Fiscalía de la Nación. Durante 18 meses el proceso contra la ex alcaldesa metropolitana de Lima estuvo prácticamente paralizado, pero con Chávarry se ha reactivado. Pronto habrá merecido castigo a quienes, como Villarán y su pandilla, traficaron con las expectativas y necesidades de los ciudadanos de Lima.

Desde diciembre del 2017, especialmente a partir de los sucesos de marzo del 2018, la compra de votos congresales para evitar la vacancia de PPK (quien finalmente renunció al haberse revelado pruebas contundentes de corrupción en su contra) era un tema que debió formar parte de las preocupaciones de la Fiscalía, pero el ex fiscal Pablo Sánchez no hizo ningún avance al respecto, pese a contar con todos los elementos indiciarios. En menos de un mes el nuevo fiscal Chávarry ha abierto investigación contra todos los implicados en ese terrible caso de corrupción, que podría terminar con sanción política e incluso cárcel contra una decena de políticos; entre ellos Kenji Fujimori, hijo de son Alberto y hermano de Keiko. Un hito contra la impunidad.

Hay más. Muchos se preguntaban por qué durante 18 años Alan García era un personaje “intocable”. Todos los procesos terminaban archivándose. Hoy sabemos que el fiscal Hamilton Castro, con la anuencia de Pablo Sánchez, dio una orden expresa a sus subalternos de “no tocar a García”. Con el nuevo fiscal se ha abierto una investigación concreta y firme respecto de las propiedades inmobiliarias de Alan García. Esto no quiere decir que el ex presidente aprista sea culpable, pero sí que una pesquisa elemental, que nunca se llevó a efecto en forma oficial, por fin se efectuará.

Ninguna de las supuestas acusaciones contra el nuevo Fiscal Chávarry tiene suficiente solidez ni fundamento para justificar objetiva y racionalmente su renuncia. Resulta impresionante cómo hechos sin mayor importancia se presentan en los medios controlados por los poderes fácticos como si fueran evidencias contundentes contra él. Pero cada día que pasa, con hechos irrebatibles, se muestra que en el Perú estamos cerca de sancionar realmente a los culpables de la enorme festinación de hasta US$ 150,000 millones en proyectos que habrían sido contaminados por la megacorrupción auriverde. Hay confianza, hay esperanza.

 

Darío Enríquez
26 de septiembre del 2018

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