Salvaguardas versus salvaguardas

Llama poderosamente la atención los precios con los que están ingresando las prendas de vestir procedentes de Asia: pantalones a US $1.70 , suéteres a US$ 0.8, polos a US$ 0.4, etc. Asímismo podemos notar la diferencia de precios entre las empresas importadoras respecto a los de las importaciones de las personas naturales. Estas últimas declaran hasta ¡80% menos de valor! Son importadores golondrinos que aparecen un año y luego desaparecen; y que comercializan de madrugada, en la Av. Grau o calles adyacentes, pero esta vez sí a los precios reales. Durante la cuarentena han ingresado 45 millones de prendas chinas, mientras el sector nacional estaba parado.

Proponer salvaguardas al sector confecciones, alegando un daño irreparable, no es el camino que escogimos al firmar los tratados de libre comercio. Los delitos económicos –desde la compra de algodón sin factura y el contrabando hasta las subvaluaciones aduaneras– sin duda son prácticas de comercio desleal que afectan a más de 300,000 confeccionistas. Pero la solución está en las aduanas peruanas, que deben tener precios de referencia actualizados y no permitir que entren prendas de vestir a precios que ni siquiera cubren el costo de la materia prima.

Este sector productivo nacional tiene que competir con los 250 millones de prendas importadas anualmente de Asia. Es imposible competir si los productores peruanos no cuentan con las mismas condiciones que los llegados de Asia. La firma del TLC con China planteó un enorme desafío a los sectores manufactureros, que requerían a su vez importar sus materiales sin ningún sobrecosto. Por esta razón, conceder salvaguardas a las telas permitiría a los fabricantes nacionales incrementar inmediatamente sus precios, en detrimento de los confeccionistas. No se deben aprobar salvaguardas ni a los pets que se usan para fabricar plásticos; tampoco a los cueros, hilados, algodón o cualquier insumo que encarezca su valor debido a una medida para arancelaria. No fomentemos núcleos mercantilistas en un modelo de libre mercado.

El Gobierno no puede suplir su falta de eficiencia interviniendo el comercio a favor de unos y en contra de otros. Todo el sector manufacturero, que emplea a tres millones de personas, está sometido a sobrerregulaciones, a excesivos costos laborales, a interminables protocolos sanitarios, a Defensa Civil y a un ejército de fiscalizadores de las municipalidades, de la Sunat, del Sunafil, etc. 

Finalmente los más de ocho millones de peruanos que trabajan en las pymes, la mayoría en la informalidad, son a la vez un nicho electoral poco comprendido. Tienen varios elementos en común –el individualismo, la meritocracia y un marcado sesgo capitalista–, y también un enemigo común: El Estado en todos sus estamentos. El político que logre articular un mensaje que identifique las necesidades de este inmenso grupo humano tendrá, sin dudas, un importante caudal electoral.