¿Remontará el Gobierno el año 2025?

El sábado 7 de diciembre se cumplió el segundo aniversario del Gobierno de la presidente Dina Boluarte, quien así inició su tercer año de gestión. Es momento propicio para vaticinios. ¿Cumplirá el término de su mandato el 2026? Porque ahora nada hay que celebrar y sólo reconocer que el único logro que el Gobierno puede mostrar es haber evitado que el Perú caiga en la vorágine destructiva anunciada por Aníbal Torres, «correrán ríos de sangre», ante la defenestración constitucional del ahora reo Pedro Castillo. Hay que reconocer también que no fue Boluarte sino su PCM Alberto Otárola quien cargó con el esfuerzo de afrontar el ataque subversivo acontecido desde ese mes hasta marzo del 2023, que intentó hacer colapsar la gobernabilidad del país, aislando regiones y ciudades con bloqueos de carreteras y tomas de aeropuertos, con vandalismo y destrucción de propiedad pública, a más de ataques contra efectivos de las fuerzas del orden. Otárola estuvo bien secundado por el titular del Mininter, Vicente Romero, quien dispuso la apropiada actuación de la PNP para el restablecimiento del orden y en ese empeño contó apenas con el concurso de las FF.AA. mezquinado por el Mindef y el CC.FF.AA. que mostraron marcado apocamiento en su intervención.

En el ámbito político, la presidente pudo superar el episodio gracias a que fue transada una convivencia política que se inició en tono «de baja intensidad» entre el Ejecutivo con orfandad de fuerza política propia y una parte mayor de la representación parlamentaria que respaldó la gobernabilidad con José Williams, de Avanza País, en la presidencia del Congreso. Básicamente el gobierno recibió el soporte de las bancadas parlamentarias de esa fuerza y sobre todo de Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular. Hasta julio del 2023 la coalición establecida rechazó en el Congreso una primera moción de vacancia contra la presidente Boluarte, presentada en enero. Cuando la presidencia del Legislativo pasa a Alejandro Soto, de Alianza Para el Progreso, y la convivencia política alcanza a ser «de alto contraste» en su manifiesta actuación, de octubre del 2023 a mayo del 2024 siete mociones de vacancia presidencial naufragaron ante el rechazo de la mayoría parlamentaria. Actualmente se está impulsando una nueva moción de vacancia, tal vez dos, con el alegato de abandono temporal de funciones además de vinculación con actores de corrupción e irregularidades patrimoniales. Empero, es previsible que, generada en la oposición parlamentaria, siga la misma suerte que las anteriores con su inaceptación o archivamiento. 

Hasta ahora, la etapa de la convivencia política claramente perfilada («de alto contraste») que en el Legislativo tiene el poder con la mesa directiva de Eduardo Salhuana, también de Alianza Para el Progreso, muestra su capacidad de asegurar la permanencia en el cargo de la presidente Boluarte. Esta situación debería mantenerse por simple inercia hasta julio del 2025 y proseguir con la renovación de la directiva parlamentaria. 

Pero el horizonte temporal de eventos todavía se muestra opaco y es muy incierto si continuará el régimen de la convivencia política, porque el país se va a hallar inmerso en la campaña electoral para los comicios generales del 2026, período en el cual es extremadamente dudoso que haya alguna fuerza política en la representación parlamentaria que se haga cargo de actuar como soporte fungible para la presidencia de una Dina Boluarte que habrá alcanzado un nivel de desaprobación social absoluta. 

Corresponde señalar que el 28 de julio del año próximo se inicia el período en el cual, por prescripción contenida en el párrafo tercero del Art. 134 de la Constitución, para el Ejecutivo sin una fuerza política propia en la representación parlamentaria será materialmente imposible que, a partir de entonces, y considerando las expectativas electorales de las varias fuerzas políticas, haya un partido capaz de aventurarse en el empeño realmente suicida de sostener al gobierno si es agobiado por eventuales mociones de vacancia presidencial u otro recurso, tal vez denuncias por infracción constitucional interpuestas desde el Ministerio Público o desde el propio Congreso.

Al respecto, conviene anotar que el 5 de diciembre el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra la presidente Boluarte «por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo», derivados de la presunta «omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida». Claro que esta acción es abiertamente una irrupción de la fiscalía en el campo de las atribuciones del Congreso (una muestra más de la ojeriza de fiscalías respecto de Boluarte). También, el Ministerio Público ha conseguido en el Congreso, por unanimidad, que la Comisión Permanente otorgue plazo para investigar y presentar informe final respecto a las denuncias constitucionales 492 y 509, presentadas por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra Boluarte en su condición de presidente de la república, respectivamente por el caso conocido como «Rolexgate» en agravio del Estado, y por las muertes ocurridas durante la asonada subversiva disfrazada de protesta popular, de diciembre 2022 a marzo 2023. 

Si como es previsible hasta marzo del 2025 inclusive la convivencia política seguirá mostrando el alto contraste que ahora la caracteriza, sucederá que no van a progresar en el Congreso mociones de vacancia o procesos de investigación parlamentaria derivados de denuncias constitucionales contra la presidente Boluarte.

Sin embargo, eso no habilita prever un horizonte de continuidad en el corto plazo, más todavía si el Ejecutivo continúa mostrando cada día su enorme incapacidad de gestión para el bienestar y desarrollo social, como en el caso del Midis, su ineptitud para afrontar con energía y resolución las amenazas de la criminalidad organizada armada y violenta, sus trazas de corrupción, su estulticia estatista con PetroPerú, los desmanejos en el ámbito del MEF, y sus complacencias con las inercias burocráticas y falencias de ejecución que lastran las que podrían haber sido actos de provecho, como la puesta en marcha del renovado aeropuerto internacional y del mega-puerto de Chancay, ambos sin obras que provean la accesibilidad requerida. 

Lo que se puede avizorar es que al empezar el segundo trimestre del año próximo la convivencia política establecida entre el Ejecutivo y una mayoría en el Congreso va a transitar de ser precaria, como lo es hoy, a ser propiamente adventicia, puramente accidental; porque se va a secar y osificar con rápida fragilidad la trama de entendimientos y mutuas complacencias que desde el Legislativo sostienen a Boluarte. En este sentido, lo primero que va a acontecer es el distanciamiento de Perú Libre respecto de la mesa directiva, afirmando con perspectiva electoral un perfil opositor al gobierno y, por ende, quebrando el estatuto de la convivencia que debiera tener vigencia hasta finales de julio. No es extraño que el prófugo Vladimir Cerrón haya dicho en una entrevista desde la clandestinidad que «Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025», augurando su salida anticipada del cargo presidencial.

La cuestión subyacente es si hay alguna otra fuerza política de la representación parlamentaria interesada en reposicionarse ante la sociedad, que tiente la opción de cortar el mandato de la presidente Boluarte durante el segundo trimestre del 2025, lo que exigiría el colapso de la convivencia política en la primera mitad de ese año. Si tal opción se revelase habría que prestar la mayor atención a Alianza Para el Progreso, el partido ahora más próximo al oficialismo y campeón del oportunismo político. En esa circunstancia se puede prever que de ninguna manera la representación aceptaría que alguien de ese partido sea encargado de la presidencia (como lo fue Valentín Paniagua o Francisco Sagasti) teniendo en miras la participación en las nuevas elecciones generales. La hueste de César Acuña tendría que optar por secundar una transición para avocarse al proceso electoral en el que, parece claro, aseguraría curules en el nuevo Legislativo.

Si para entonces por sus propias expectativas, tanto Perú Libre como Alianza Para el Progreso dejan de brindar soporte al gobierno de Boluarte, y se quiebra la convivencia política, puede ocurrir el colapso del gobierno por vía de una acción parlamentaria. A este punto, interesa valorar lo que sucedería con Fuerza Popular. Pudiera ser que los fujimoristas huérfanos del liderazgo de Alberto Fujimori coincidan en sepultar la convivencia política y dejar a Boluarte librada a su suerte –sin el cargo presidencial y perseguida por el Ministerio Público– ante iniciativas para la vacancia o para aprobar una acusación constitucional antes de que finalice junio. 

La crispación en la coyuntura podría también postergarse porque, además, hay indicios de la fractura de la convivencia política que vienen de otras tiendas y en este sentido es muy significativo que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, en octubre pasado haya anunciado en modo zahorí que el Congreso podría vacar a Boluarte una vez que ella convoque a elecciones generales para el 2026 porque entonces «ya no va a servir nada al Congreso». 

En este caso, pudiera ser que siguiendo en la nueva mesa directiva del Congreso con la (casi) segura presidencia de una fuerza distinta de Alianza Para el Progreso, tanto Avanza País como Fuerza Popular busquen limpiar su imagen partidaria de cara a las próximas elecciones, y actuarían en convergencia con otras fuerzas partidarias que tienten mejorar la muy decaída imagen del Legislativo expectorando de la presidencia a Boluarte, respondiendo así a lo que sería presentado como clamor popular y realmente lo sea.

La ausencia de un ejercicio comunicacional que remonte ante la sociedad la percepción de que la mandataria vive en un mundo paralelo o de fantasía, su aislamiento incluso de los sectores empresariales que hasta hace poco habían optado por tolerarla, su irrisoria imagen de frivolidad, abren en el escenario político del 2025 las condiciones propicias para que Dina Boluarte deba dejar en forma prematura el cargo presidencial. Podría acontecer antes de finalizar el primer semestre si implosiona la convivencia política que la sostiene. 

Hay que tener en cuenta que la normativa orgánica que rige las elecciones prescribe que la convocatoria a comicios debe efectuarse mediante decreto supremo cuando menos 270 días antes del acto electoral que se estima para abril del 2026. La convocatoria debería producirse en agosto del 2025, es decir, a inicios de la legislatura ordinaria que arranca el 27 de julio. Para ese momento, si se articula una nueva correlación de fuerzas políticas en el Congreso ya en vena electoral, puede presentarse una convergencia partidaria en el Legislativo que tiente mejorar la muy decaída imagen de este poder del Estado, expectorando de la presidencia a Boluarte y generando un gobierno transitorio que lleve a cabo el próximo proceso electoral.