¡Reforma integral de la propiedad, ya!

La administración PPK debe trabajar seriamente para resolver el problema

La tentación de politizar la entrega de títulos de propiedad es difícil de evitar. Ha sido y es frecuente que presidentes, ministros, congresistas y alcaldes se quieran dar baños de multitud, merced a la necesidad elemental de las familias peruanas de ser propietarias de sus casas. El negocio político es eso: un negocio. Votos a cambio de acciones. Lamentablemente, la política gatilla el desarrollo. No hay forma de organizar y desarrollar la economía, la sociedad o el Estado sin política. En esa medida, politizar la titulación, no está bien ni mal. Lo que sí es pésimo es el engaño. Hacer pasar títulos malos por buenos, entregar papel sin valor o con escaso y efímero valor, haciéndolo pasar por títulos de propiedad, es muy censurable.

La entidad supuestamente técnica que genera el título, o sea COFOPRI, está fabricando papel efímero, sin datos geo espaciales o con “cargas”; como ocurre en zonas de riesgo, en donde se añade al título un sello rojo que indica que ese predio puede ser removido. ¿Cómo calificar esto? Este remedo lo vienen repitiendo desde el 2001 todos los gobiernos, incluido el actual, sin ningún ánimo de enmienda. Lejos quedan los años en que la única entidad estatal formalizadora organizada en América Latina con criterio técnico y el apoyo del Banco Mundial, llamada COFOPRI, producía títulos buenos.

Un título bueno es aquel duradero, fiable y sujeto a procedimientos veloces y baratos. Esto solo es posible si se le produce técnicamente, tanto en lo catastral como lo jurídico, y cuando se le aplica procedimientos simples, masivos y baratos. Un título es bueno cuando está inserto en un catastro predial y cuenta con un detalle de geo referenciación preciso. Y finalmente, cuando los procedimientos de su actualización sean simples y no la pesadilla kafkiana de ahora y siempre.

El título bueno surge de fuentes de datos geográficos, cartográficos y jurídicos fiables. Esto es, de un catastro predial bien hecho y de un levantamiento jurídico de campo riguroso. Y también de un procedimiento de actualización masivo, simple y sujeto a criterios de habitabilidad. Es decir, que mida las edificaciones informales desde su ventilación, iluminación, seguridad; y no desde su diseño o desde el capricho urbanístico del reglamento de edificaciones.

¿Qué hacer? Reformar. Pero no solo reformar COFOPRI o la nueva entidad formalizadora que herede las buenas experiencias de aquella y erradique sus deficiencias; sino reformar todo el sistema de propiedad: el catastro, el ente formalizador y el registro. Y hacerlo desde la PCM, no de modo disperso en los sectores de Justicia y Vivienda. ¿Qué hace el registro de la propiedad en el sector Justicia? ¿Qué tiene que ver la legalidad de la propiedad, con las cárceles o las procuradurías? Nada. ¿Qué hace COFOPRI dentro del sector Vivienda? La propiedad tiene dimensión económica, mientras que la vivienda es un derecho social. Creer que son lo mismo es no entender nada.

El actual momento es inmejorable para hacer la reforma integral. Primero, porque el sistema nacional de catastro existe solo en el papel y hay que relanzarlo con liderazgo y gestión. Segundo, porque COFOPRI está a punto de extinguirse y hay que reemplazarla o refundarla. Y tercero, porque se está ad portas de designar un superintendente de registros públicos. Es el momento, entonces, de reaccionar y poner por delante la idea de la reforma integral, con profesionales que la sepan conducir. El gobierno de PPK tiene que reaccionar y trabajar seriamente en la reforma del sistema de formalización de la propiedad inmobiliaria. No lo está haciendo ni por asomo.

Horacio Gago Prialé

Doctor en Derecho y profesor PUCP