La soberbia política que el Perú ya pagó

Hay algo que en el Perú seguimos sin aprender, y ya no es por falta de ejemplos, sino por una terquedad política que raya en lo irresponsable: gobernar un país fragmentado exige diálogo, no soberbia.

Lo vivimos de manera dolorosa durante el gobierno de PPK. Pedro Pablo Kuczynski llegó al poder con un triunfo apenas exiguo, casi al filo, frente a Keiko Fujimori. No fue una victoria holgada ni mucho menos un mandato contundente; fue, más bien, el reflejo de un país partido en dos. Y aun así, desde el inicio, optó por una postura que terminaría pasándole factura: marcar distancia, cerrarse, sostener que no tenía nada que dialogar con el fujimorismo.

Ese fue, sin exagerar, uno de los errores más costosos de su gobierno. Porque mientras el Ejecutivo se parapetaba en una lógica de “no tengo nada que hablar contigo”, el Congreso –dominado por el fujimorismo– operaba con su propia agenda. El resultado no fue sorpresa: confrontación permanente, bloqueo político, crisis tras crisis. Un país entrampado, una gobernabilidad erosionada y una ciudadanía cada vez más cansada de ver cómo sus autoridades jugaban a la confrontación en lugar de construir. Y lo más grave es que ya sabemos cómo termina esa historia.

Por eso preocupa –y mucho– ver señales similares en el escenario actual. Durante la quinta jornada del debate presidencial 2026, Rafael López Aliaga dejó entrever una postura que recuerda peligrosamente a ese pasado reciente: la idea de que no hay nada que conversar con Keiko Fujimori.

¿De verdad no hay nada que conversar? En un país como el Perú, donde el voto está disperso, donde el Congreso se perfila nuevamente como un espacio fragmentado, donde ninguna fuerza política tendrá control absoluto, pensar que se puede gobernar sin tender puentes es, simplemente, una ilusión peligrosa.

No se trata de afinidad ideológica ni de simpatías personales. Se trata de responsabilidad. Se trata de entender que el poder, en democracia, no es imposición sino construcción. Que gobernar no es ganar una elección y cerrar la puerta, sino abrir canales, negociar, ceder cuando corresponde y, sobre todo, poner al país por encima de cualquier cálculo político.

Negarse a dialogar en un contexto así no es firmeza: es torpeza. No es coherencia: es miopía.

Porque cuando no se conversa, lo que queda es el choque. Y cuando el Ejecutivo y el Legislativo chocan constantemente, el que pierde no es uno u otro, sino el país entero: se paralizan reformas, se bloquean políticas públicas, se deteriora la institucionalidad y se profundiza la desconfianza ciudadana.

El Perú no está para repetir errores. No está para reeditar enfrentamientos estériles ni para alimentar egos políticos. Está, más bien, en un momento en el que necesita madurez, sentido de urgencia y, sobre todo, capacidad de sentarse a la mesa incluso con quien se piensa distinto. Porque al final, gobernar no es elegir con quién hablar. Es asumir que, en una democracia, hay que hablar con todos.

Buscar no atender esa necesidad –no tender puentes, no acercarse, no dialogar, no consensuar en favor del país– no solo es un error político. Es, de verdad, una irresponsabilidad inadmisible.