¿Referéndum constitucional o plebiscito caudillista?

 

Con franqueza, no debiera causar mayor sorpresa que la población —en una inmensa mayoría— carezca de la menor idea sobre los temas que se pondrán a consulta popular el próximo 9 de diciembre, a menos de 10 días para la cita. No se trata de desaprensión o indiferencia ciudadana por el referéndum, como dicen algunos. O que se deba a la complejidad de los asuntos abordados, como señalan otros. ¡Nada de eso!

Desde el discurso-mensaje a la Nación del 28 de julio, el Gobierno evidenció su nulo interés por una reforma constitucional que aborde los problemas políticos de fondo. En lugar de ello, aprovechando la coyuntura de modificación de los artículos constitucionales relativos al Consejo Nacional de la Magistratura —que sin dificultad alguna pudo aprobarse en el Congreso mediante una doble votación calificada— se inventó una burbuja maquillada con visos constitucionalistas, con fines utilitarios y plenamente artificial.

En efecto, usando hábilmente el marketing y otros trucos de la propaganda comercial, se vendió un sofisma: que para combatir la corrupción en los tribunales del Callao y satisfacer la indignación ciudadana por la procacidad registrada en los audios direccionados y difundidos a granel, había que prohibir la reelección de los congresistas. Poco importó que tal aseveración no tuviera consistencia lógica. Tampoco que el porcentaje de la reelección parlamentaria fuera mínimo, apenas un 18%. Y menos aún que la medida apuntase a los mejores representantes de todas la tiendas políticas, justamente aqurllos ajenos a los escándalos recientes, en dicho poder del Estado.

Pero esto no era relevante. Los asesores a sombra del Presidente habían descubierto un estilo para obtener populistamente popularidad. (Popularidad que se venía al suelo por la objetiva ineficiencia del mandatario y la incompetencia de su gabinete). Había que confrontar con el Congreso de la República, pletórico en errores y con una animadversión cobijada entre la población. ¡Eureka! ¡Esa fue la varita mágica para convertir la incapacidad gubernativa en un sujeto popular!

Con el objeto de soslayar este vil propósito, fue menester crerar otras reformas de compañía. Una inocua, el financiamiento partidario, que responde a un desarrollo legislativo sin necesidad de cambiar la Constitución. La otra, el retorno a la bicameralidad. Interesante sin duda, a la par que cumplía el propósito seductor de constitucionalistas y sectores que estimaban que el régimen unicameral del texto de 1993 ha sido causa de la perversión del parlamento.

A continuación, el desprecio a una genuina reforma constitucional se expresó en los cuatro proyectos presentados por el Ejecutivo. ¡Inmensos monumentos a la ignorancia, falta de criterio e irresponsabilidad, y hasta incoherentes entre ellos mismos! El ilustre desaparecido maestro Enrique Bernales, sin empacho los tildó de “mamarrachos”. Y no existió mejor epíteto para dichos esperpentos destinados a burlar al país entero.

El 19 de septiembre del 2018, fecha infausta para el porvenir de nuestras instituciones, la grotesca maniobra devino en presión abierta y descarada. Los “mamarrachos” fueron objeto de una insólita “cuestión de confianza” por parte del jefe ministerial, amenazando a los representantes de la Nación con el cierre del Congreso. Ciertamente la bravuconada era manifiestamente anticonstitucional, porque el Art. 206º de la Carta Política prohíbe que el Presidente de la República pueda observar las leyes de reforma constitucional, de manera expresa e indubitable. Sin embargo el Premier, que está por debajo del jefe de Estado, se atribuyó abusivamente la potestad de coaccionar al parlamento para cambiar la reglas del poder constitucional. Es decir, un poder constituido se arroga la titularidad del poder constituyente.

Técnicamente hablando eso se llama usurpación de poder, e ingresa en la categoría de golpe de Estado; aunque los acólitos, sobones y esquiroles digan lo contrario. Lo grave fue que ante la prepotencia gubernamental, el Congreso arrugó. Aprobó la cuestión de confianza asustado y genuflexo. Y cumplió sumisamente el encargo de mutar los “mamarrachos” en proyectos para cambiar la Constitución, el 4 de octubre de los corrientes.

Pero no bastó con doblar la cerviz congresal. A pesar de su neta victoria, el autoritarismo oficialista necesitaba seguir tensionando con el parlamento. No podía permitir que un mensaje conciliador naciera de los acuerdos arribados. Y, por eso mismo había que “buscar cinco pies al gato”, la razón de la sin razón, para seguir maltratando al desvalido Congreso. De esta manera, el proyecto de retorno a la bicameralidad, la única reforma valiosa, capaz de crear algún entusiasmo, ha sido condenada al rechazo mediante argumentos baladíes.

Ello pinta de cuerpo entero a Vizcarra y sus áulicos. Cierra el círculo de banalización de las cuestiones constitucionales, en pro de su utilización oportunista: sumar simpatías coyunturales. Aquellas que no ha sabido ganar ejerciendo un buen gobierno.

Queda claro que no existe ninguna voluntad de reforma constitucional en serio. Por lo que tampoco hay interés en llevar a cabo comicios informados. ¡Qué duda cabe!. El domingo 9 Vizcarra pedirá un voto de confianza a su persona, disfrazándolo de referéndum constitucional. Pero en verdad asistiremos a un plebiscito para ungir un caudillo, absolutamente grotesco y deplorable.