Rebasados por la informalidad

Por lo general, cuando hacemos referencia a la informalidad nuestras miradas, con mucha razón, se dirigen al sector de la economía y a las acciones laborales, en tanto ejes centrales de condiciones de vida. En esa línea, datos confiables, como los del CIEN(*). indican que en 2019 la informalidad empresarial se ubicó en 85.5% y la informalidad laboral estuvo cerca al 72%; siendo su aporte al Producto Bruto Interno (PBI, valor total de bienes y servicios producidos en un año) tan solo el 19%. Mientras que el sector formal, con el 28% de trabajadores, produce y aporta el 81% del PBI.

En estos momentos la crisis en curso anuncia una disminución en el crecimiento económico con repercusiones en el desempleo, que al ampliarse generará mayor informalidad, llevando los ingresos de este sector a niveles de indigencia. Un asunto sumamente preocupante, pues habrá menor ingreso a la caja fiscal, traducido en ausencia de dinero para resolver problemas y situaciones sentidas de la población nacional. 

Junto a lo señalado, debemos considerar que el “fenómeno” de la informalidad ha desbordado el escenario económico, instaurándose institucionalmente en la vida política del país. Contamos con: un novelesco Poder Legislativo, como resultado de decisiones inconstitucionales; un Poder Ejecutivo cuyo presidente, sin haber sido elegido y al carecer de vicepresidentes (como resultado de eficientes zancadillas), gestiona a su albedrío; Gobiernos regionales convertidos en administradores locales del centralismo; un Poder Judicial digitado y manipulado por intereses nada santos; una Fiscalía de la Nación politizada y en líos intestinales; un Tribunal Constitucional con varios miembros cuyo mandato ha fenecido hace muchos años; ministerios con titulares poco calificados, acompañados de funcionarios con denuncias de inmoralidad; periodistas o comunicadores que optan por la desinformación; partidos políticos reducidos a sociedades de interés personal o familiar; oenegés que vendieron su conciencia “socialista” al interés “capitalista”; instituciones educativas que medarn utilizando el eslogan “sin fines de lucro” y algunos empresarios que veneran lo informal, entre otros. 

Resulta entonces que la promoción oficial de la irresponsabilidad encadenada a la corrupción –con nuestra voluntaria anuencia– ha procedido al adormecimiento mental, secuestrándonos ideológica y organizativamente. Y asumiendo como bandera el refrán “a río revuelto …ganancia de pescadores”, pugnan por vendernos un “programa de reformas políticas” cuyo objetivo no es otro que afianzar una democracia informal.

Frente a esta situación, importa entender y asumir la informalidad como un suceso que requiere respuestas económicas y políticas. Económicamente, con el objetivo de elevar los niveles de productividad laboral, mejorar condiciones de vida y reducir los niveles de pobreza, importa: superar barreras burocráticas incentivando el paso de empresas a la formalidad, disminuyendo cargas tributarias y sobrecostos laborales; así como innovar la tecnología, promover capacitaciones en servicio, realizar modificaciones sustantivas en la educación tecnológica; fomentar inversiones en sectores rentables. En el escenario ideopolítico, donde se resuelven los conflictos económicos: romper el silencio comprometiéndonos en la práctica con el futuro del país; apostando por la construcción de una democracia descentralizada, un plan nacional de desarrollo y una organización política que, dando sentido a la relación entre ética y política, asuma como meta el bien común; finalmente, a puertas la elección de un nuevo gobierno, utilizar la inteligencia necesaria para evitar el continuismo de una gestión que ya hizo demasiado daño al país. 

* Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (2020) Definiciones y repercusiones de la informalidad.