Reactivación de la fundición de La Oroya

El Centro Metalúrgico La Oroya (CMLO), en Junín, vuelve a levantar polvo. Luis Castillo, representante de los trabajadores, anunció la creación de Nueva La Oroya S.A., empresa conformada por los trabajadores para hacerse cargo de la reactivación de la fundición. Por otro lado, también se anunciaron dos demandas contra el Estado peruano por parte de The Renco Group Inc., todavía propietario del CMLO, por intermedio de Doe Run Perú (DRP).

Por acuerdo de la junta de acreedores –integrada por representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem, en representación del Estado), de los trabajadores y de otras empresas– el CMLO se transfiere a los trabajadores organizados en la Nueva La Oroya S.A. “No hay otra alternativa”, nos dijo Luis Castillo. Para esto, los trabajadores deberán acreditar un monto de US$153 millones de sus acreencias (deudas laborales). De manera libre, los 3,500 trabajadores y ex trabajadores deberán optar, antes del 30 de junio próximo, entre sus acreencias o acciones en la nueva empresa. Hasta el momento, según Castillo, han decidido canjear sus deudas laborales por acciones unos 1,300  trabajadores. 

No obstante, ser accionista no es todo. Castillo nos ha señalado que, con un socio estratégico, reactivarán el circuito de plomo y zinc, y recuperarán las 14 millones de toneladas de escoria acumuladas por décadas. El circuito de cobre, el más importante de la fundición, será para después. El dirigente de los trabajadores también ha señalado el interés de participar como proveedores de pequeños y medianos productores de plomo y zinc de las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco y Cerro de Pasco. 

Por el otro lado, para proteger sus intereses –luego del fallo adverso de julio 2016 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi)–, Renco ha iniciado dos procesos concursales contra el Estado peruano en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya. En uno reclama US$ 850 millones de indemnización por su propiedad en proceso de liquidación; y en el otro, establece que las demandas por contaminación realizadas por 4,000 niños y adultos de La Oroya contra DRP (Renco) le correspondería asumirlas al Estado peruano, por contrato de transferencia de la propiedad.

Según ha trascendido, si DRP (Renco) pierde la demanda en la Corte de Missouri (Estados Unidos), deberá pagar en total US$ 2,000 millones a los damnificados. De los laudos de la CPA dependería quien paga la millonaria indemnización que reclaman los denunciantes de La Oroya. Si a Perú le va mal en la CPA, el presupuesto de todos los peruanos servirá para pagar decisiones irreversibles y contrarias a los intereses nacionales. No obstante, para Castillo los resultados de Missouri y La Haya no afectan a la Nueva La Oroya.  

En junio 2009, el CMLO paralizó sus actividades. La empresa DRP alegó problemas financieros. Los proyectos medioambientales de entonces –Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)– quedaron con un 55% de ejecución. El circuito de cobre –el más importante– continuará paralizado hasta adecuarlo a las normas medioambientales. Con la fundición paralizada, el país perdió por exportar solo concentrados, en lugar de minerales refinados. Se creía que Pedro Pablo Kuczynski (PPK), como candidato, era de los pocos que entendía el problema; sin embargo, siendo presidente optó por colocarse de perfil. Convocó a una marcha en el Congreso para exigir su solución. De su viaje a China, en setiembre 2016, no trajo los capitales frescos esperados para hacer funcionar la planta. Las posibilidades del reinicio de la fundición de esos días volvieron a cero.    

Teorías conspirativas contra el CMLO hay para todos los gustos. ¿Acaso el cierre del CMLO favorece a los traders que controlan los commodities, direccionando los concentrados peruanos a sus plantas metalúrgicas? ¿Acaso la denuncia en Missouri no es el negocio de la modernidad: el medio ambiente? ¿Abogados y propiciadores de las demandas no recibirán un porcentaje importante de las indemnizaciones? Acaso intereses antiperuanos detienen la diversificación productiva del país? ¿Acaso el círculo antiminero pierde una batalla con la reactivación del CMLO, pero ganaría en Missouri por la intensa campaña desplegada por el ambientalismo ideológico? 

Los procesos en el CPA y Missouri tomarán años. Hasta entonces, la fundición construida en 1921 por Cerro de Pasco Corporation, nacionalizada durante el gobierno socialista de Juan Velasco (Centromin Perú) y privatizada en los noventa (DRP), ¿cobrará vida nuevamente? ¿O, en la práctica, el dueño del complejo de La Oroya es el administrador temporal, nombrado por el voto del acreedor más importante: el Estado? ¿Con los trabajadores organizados, la ingeniería peruana demostrará su capacidad innovadora en una planta modelo sin emitir contaminaciones?