Razonamiento contrafáctico sobre el caso Tía María

Los audios difundidos sobre la actuación del presidente Vizcarra en relación al diálogo sostenido con las autoridades de la región Arequipa, ponen en evidencia a un mandatario débil, arrinconado y errático, lo cual es altamente criticable. Pero la crítica de los empresarios, de algunos parlamentarios y de los analistas de opinión son igualmente contradictorias e hipócritas respecto a sus verdaderas intenciones frente a la decisión que se debe tomar sobre el cuestionado proyecto Tía María. La utilización del razonamiento contrafáctico es un método muy acertado para desenmascarar sus verdaderas intenciones.

La situación generada en la provincia de Islay y su desenlace final,cualquiera que fuera, iba a generar inevitablemente una feroz crítica, dependiendo de qué intereses eran afectados y de la decisión que tomase el Gobierno. Al respecto, se presentaban tres opciones y escenarios, todas ellas con un desenlace muy crítico. 

Primer escenario. Imaginemos por un instante que el gobierno hubiera tomado la decisión, como añoraban los sectores antimineros y de izquierda radical, de desatar una agresiva actuación de la Policía Nacional para recuperar las vías y controlar el territorio en la provincia de Islay y en otros sectores de Arequipa, utilizando la misma estrategia que provocó el Baguazo, el Arequipazo” y otros reveses en anteriores gestiones; es decir, limpiar a sangre y fuego el terreno para evitar que la licencia otorgada a la Southern sea suspendida. En ese escenario hubieran sido inevitables varios muertos, tal como ocurrió en los años 2009, 2011 y 2014, con un saldo total de 10 muertos. Si eso hubiera ocurrido, a estas alturas el Congreso ya habría interpelado al primer ministro, al ministro del Interior y al ministro de Energía y Minas. En ese caso, hubiera sido la izquierda la protagonista principal de una ácida crítica al Gobierno. 

Segundo escenario. Igualmente imaginemos que el Gobierno hubiera tomado la decisión de no dar la Licencia de Construcción a la Southern, con las graves consecuencias que implicaba el vencimiento de los plazos y del Estudio de Impacto Ambiental, así como del inevitable litigio en sede internacional, con millonarias pérdidas posteriores para el Estado peruano, por las indemnizaciones obligatorias. A estas alturas, la CONFIEP, la SNMP, la Southern y los sectores más derechistas de la sociedad igualmente habrían cuestionado duramente al Gobierno nacional, tildándolo también de endeble, genuflexo y de provocar millonarias pérdidas por el bloqueo de US$ 1,400 millones de inversión. De la misma manera en el Congreso, pero con otros argumentos, Fuerza Popular, el Apra y otros sectores hubieran interpelado a varios ministros, redoblando la crítica al presidente de la República. 

Tercer escenario. Es el que se ha dado con la suspensión de la Licencia a la empresa Southern, la disminución de la tensión social en la región de Arequipa y con un nulo costo social de vidas humanas, más allá de las pérdidas económicas por más de 20 días de conflicto. Fue la decisión menos costosa, desde un punto de vista social, pero ha devenido en un escándalo, con los audios difundidos, mostrando un criticable comportamiento presidencial. El desenlace de ese escenario hubiera sido menos dramático, si no fuera por los audios difundidos. 

Como se puede observar analizando estas tres opciones, la única verdad indiscutible es que el proyecto Tía María en la provincia de Islay está bloqueado, por donde se le mire. En cualquier escenario hubiera terminado inviable. Es curioso que los representantes de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias, COMEX y otros sectores salgan ahora con una crítica furibunda al Gobierno, pero ocultan que en realidad querían a un Estado gendarme, para imponer un proyecto minero que no tiene respaldo en la gran mayoría de la población. Esos mismos sectores son los que adoptaron el mismo punto de vista cuando se bloquearon otros proyectos mineros como el de Río Blanco (en la sierra de Piura) o el de Tambo Grande (en la costa de la misma región), el proyecto Conga (en Cajamarca) y las inversiones en hidrocarburos, bloqueadas por el Baguazo. No se atreven o no son capaces de pensar estrategias para hacer viables proyectos que, sin duda, tienen importancia para el desarrollo nacional. 

No olvidemos que aquella fue la misma crítica que hicieron a los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala, cuando los referidos proyectos mineros también quedaron bloqueados por la alta conflictividad social. En cada caso adoptaron la misma actitud: el Gobierno no tiene autoridad, las autoridades son genuflexas o no son firmes para enfrentar a lo que ellos llaman antimineros o sectores de ultraizquierda. 

Ahora, ¿por qué los empresarios guardan silencio frente a innovadoras propuestas como las de Hernando de Soto, que propone incorporar como socios accionistas a las comunidades y a las poblaciones donde se propone ejecutar un proyecto minero? ¿Por qué no se atreven a respaldar a quienes plantean la convocatoria a un referéndum en la provincia de Islay para que el pueblo decida en las urnas si están de acuerdo o no con el proyecto Tía Mara? ¿Por qué se oponen a un ordenamiento territorial para determinar dónde se debe hacer actividad minera y donde no es viable?

La respuesta es obvia. Durante cientos de años el Estado ha garantizado la inversión minera, sin reparar los daños ambientales y, muchas veces, violando la ley o incumpliendo los compromisos previamente adquiridos con las comunidades. Pero ahora, cuando los nuevos proyectos están más cerca de las comunidades, de las zonas urbanas o de la actividad agrícola, generando la crítica y protesta ciudadana, esa forma de hacer minería se ha agotado. Eso es lo que demuestra el caso Tía María. 

Por alguna razón, mientras en el Perú la CONFIEP y otros sectores se oponen a la aprobación de una nueva Ley de Minería, el propio Banco Mundial ha mostrado su respaldo a esta reforma. Al respecto, Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para la Zona Andina ha señalado lo siguiente: "Si parte del problema es que las reglas no están claras o son difusas, o no están completamente transparentes para todos los actores, pues hay que trabajar en reformar la ley minera".