¿Quién resarcirá daños ocasionados a los árbitros?

Publicada hoy la decisión de la sala presidida por el juez Ramiro Salinas Siccha, de liberar a 8 de los 14 árbitros que injustamente fueron arrestados preventivamente, con miras a que se quedasen en esa situación durante 18 meses, es pertinente hacer un análisis de los hechos.

Bastante se ha escrito sobre los argumentos utilizados por los fiscales a cargo de la causa para pedir 18 meses de prisión preventiva y las razones del juez Jorge Chávez Tamariz, para ordenarla. Quiero referirme a un aspecto que está pasando desapercibido: el efecto de los contratos de concesión elaborados por Proinversión, aceptados por su directorio conformado por ministros de Estado, y firmados por funcionarios del ministerio del sector al que compete la actividad, en este caso el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC), previa Resolución Suprema (RS), firmada por el presidente de la República, se supone luego de un análisis del equipo legal de la presidencia.

Los procesos constructivos de las concesiones tienen tres complejidades: estudios técnicos muy básicos, contingencias que la conocen muy bien los constructores y no los equipos técnicos que elaboran los contratos y temor de los funcionarios de los concedentes para tomar decisiones. Estos tres elementos están presentes cuando se presentan las discrepancias entre concesionarios y concedentes, siendo la salida mágica los procesos arbitrales, que son de derecho, con aportes ingenieriles y económicos del regulador estatal, basados en informes elaborados por terceros, que se supone que son especialistas.

En este contexto, las posibilidades de que el Estado tenga la razón ante una desavenencia se vuelve en muy remota, mientras que el concesionario tiene todas las de ganar. El rol del abogado en los arbitrajes se basa en merituar la pertinencia contractual del reclamo, y decide con base técnica de terceros.

Los fiscales son suspicaces por formación, tienen limitaciones para entender las carencias en los contratos elaborados, a lo que se suma para algunos, el incentivo del reconocimiento público de aparecer como justicieros implacables, siendo su arma el pedido de prisión preventiva. Algunos jueces prefieren enviar a prisión a los investigados, porque esto es más fácil que tomar decisiones que pueden ser criticadas por la prensa que hoy se cree tener la franquicia de la justicia, cárceles y a falta de pena de muerte, de la lapidación mediática que se convierte de muerte en vida.

Lo reseñado es aplicable en todos los casos que hoy son materia de procesamiento de los árbitros. Si se quisiera ser serio, debería mantenerse un debate abierto al público, entre conocedores sobre los laudos emitidos, porque esos son los temas de fondo y no los dichos no corroborados de colaboradores eficaces o los cuestionamientos por los honorarios percibidos.

Hay un caso particular, es el de Humberto Abanto, amigo de vieja data. Ilustrado, irreverente, grandilocuente de vocación, gustoso de la polémica, con formación política en cantera aprista de la de antes, la del paisano Fernando León de Vivero y del llamado tribuno del pueblo Javier Valle Riestra. Imbatible en televisión, confrontacional, denunciante de las canonjías familiares de la estrellas judiciales de la progresía. Había hecho los méritos suficientes para que busquen callarlo, como en las peores épocas de la persecución de apristas. Su detención inexplicable, se puede entender más por el lado político, pues los argumentos fiscales eran insostenibles y falaces. ¿Quién le resarcirá a él y sus colegas el daño infringido?