¿Quién es el pueblo?

En un plenario de Perú Libre el congresista Jaime Quito Sarmiento, electo por Arequipa, declaró que “la hoja de ruta la pone el pueblo”, que “la política es poder”, y que “el pueblo es el que tiene el poder total, y el partido la ideología y el programa”. Guido Bellido, congresista electo por Cuzco, copia los soviets rusos al manifestar que Perú Libre es un partido disciplinado y que gobierna a través de su comités ejecutivos nacional, regionales, provinciales y distritales,  y que para el año 2022 el partido deberá haber tomado el 100% del poder”. Asimismo, Flavio Cruz Mamani, de Puno, reclama a gritos un gabinete del pueblo y no un gabinete caviar. Y su colega Wilson Quispe Mamani agrega que “Cerrón y Castillo no se separan, pese a todos los intentos de la gran prensa para separarlos”. 

Sin embargo, como escribiera Ayn Rand, el “bienestar general” o “el interés público” (el pueblo”) es un concepto indefinido e indefinible; no existe una entidad tal como la tribu o el público; el pueblo es solo una cantidad de hombres individuales. Cuando “el bienestar general”, léase el pueblo, de una sociedad es considerado como algo separado y superior al bienestar individual de sus miembros, significa que el bienestar de algunos hombres tiene prioridad sobre el bienestar de otros. Pero el “bienestar de la mayoría” también es solo una pretensión y una ilusión dado que, de hecho, la violación de los derechos de un individuo significa la anulación de todos los derechos. Solo es la entrega de la mayoría indefensa al poder de cualquier pandilla que se proclame a sí misma como “la voz del pueblo“, y proceda a dominar por medio de la fuerza física. Hasta que la destrona otra pandilla que utiliza los mismos medios.

Los derechos constitucionales que reclaman los comunistas –a la salud y la educación, al bienestar y al progreso– son boicoteados por la interferencia del gobierno en la economía. Hoy hasta los países comunistas se administran con el modelo capitalista. Desde el colapso de la Unión Soviética, cuya finalidad era el “bienestar del pueblo”, hasta la quiebra de Venezuela, en aras de reivindicar la justicia social los regímenes totalitarios han empobrecido a sus sociedades. No existe derecho al bienestar de algunos al precio de la inmolación de otros. El estatismo, de hecho y en principio, no es más que la ley de la pandilla. Una dictadura es una pandilla dedicada a saquear el esfuerzo de los ciudadanos productivos de su propio país. 

El Perú es una tierra de hombres laboriosos, creativos e individualistas. Invocar al “pueblo” es confrontar el poder de una multitud contra un individuo; o sea, la fuerza simple, bruta y física. Una sociedad que tolera la intimidación física de algunos hombres o grupos sobre otros, pierde su derecho moral a existir como sistema social y su colapso no tarda en suceder. El propósito teórico de ese disparate grotesco es establecer una inversión moral: hacer del inicio de la fuerza algo moral y de la resistencia a la fuerza algo inmoral y así obstruir el derecho a la autodefensa. “El propósito práctico inmediato es apadrinar las actividades de lo más bajo de la casta política: los agitadores, quienes cometen actos de fuerza y colocan la culpa sobre sus víctimas” (Ayn Rand). 

Este es el resultado de la mala gestión de una institución como el JNE, que omitió cumplir con su deber. Hoy descubrimos a sospechosos de terrorismo elegidos congresistas, ademas de vicios y nulidades insalvables en el proceso electoral, planchas presidenciales con probados conflictos de intereses, pruebas de un fraude evidente y, para colmo, un contubernio para prolongar ilegalmente el mandato constitucional de los miembros del Tribunal Constitucional. Peor no lo pudieron hacer.