¿Qué significa estado de emergencia sin cuarentena?

Ciertamente esta distinción ha pasado inadvertida. Extrapolar conceptos jurídicos como si fueran sanitarios confunde, y su uso indistinto nos hace creer que son la misma cosa. Esto puede tener serias consecuencias políticas, ya que nos desarma frente al poder estatal. 

El D.S. Nº 116-2020-PCM pone fin a una cuarentena general que, en verdad, hacía agua tiempo ha. Se habla ahora de cuarentenas focalizadas. Entonces, ¿por qué el estado de emergencia constitucional no ha corrido igual suerte? ¿Cuál es la razón para mantenerlo incólume en todo el territorio nacional? No es un asunto baladí. Porque la emergencia –según la norma– no versa sobre la salud, sino sobre la supresión del ejercicio de derechos constitucionales básicos. Aquellos que no pueden faltar ni menoscabarse en un Estado de derecho en serio: el no ser detenido sin mandamiento judicial, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de tránsito, reunión y manifestación. Es decir, derechos esenciales por los cuales la humanidad ha luchado siempre, contra cualquier despotismo que los negara.

El trauma del coronavirus fue la coartada para suprimir esos derechos. Con candidez se pensaba que el régimen de excepción servía para asegurar el aislamiento social. No se reparó en que el texto constitucional permite regular por ley las excepciones sanitarias sin necesidad de suspender las garantías constitucionales. Sin embargo, y para suerte del Gobierno, la violencia de la pandemia silenciaba toda crítica. 

Según la versión oficial, termina la cuarentena porque el virus ha sido controlado y todo empieza a mejorar. Si fuera así, ¿qué motiva seguir con libertades y derechos constitucionales suspendidos, a sabiendas de lo que implica para la democracia? Por más que rebusquemos, no existe respuesta lógica en términos sanitarios. ¿Acaso el Covid-19 es más letal por las noches que en el día, para justificar el toque de queda? Y, en todo caso, ¿por qué no se focaliza también la emergencia constitucional?

Obviamente, la solución a estas interrogantes está en otra parte. Calibremos el mensaje del ministro de Defensa, protagónico en seguridad pública: “El estado de emergencia y el toque de queda durarán hasta diciembre o hasta que se encuentre la vacuna”. Esta declaración, a diario repetida por la prensa, anuncia una inequívoca voluntad autoritaria y antipopular. Va sedimentando un aparato estatal con mayores poderes concentrados, para gobernar sin frenos, controles ni contrapesos. Será menester, por ende, reducir las libertades, acallar a las voces disidentes e ilegalizar la protesta social.

Los servicios de inteligencia, representados por el ministro, han detectado el extendido descontento popular, que exuda por las rendijas de las encuestas. Entonces, prolongar la excepcionalidad constitucional no mejorará la salud, pero sí vale para reprimir el rechazo creciente de millones de peruanos. ¡De eso se trata!