¡Que se vayan todos!

Menos nosotros o nosotras, claro. Porque alguien de moral prístina y esclarecida debe enrumbar nuestro país por la senda del “bien común” y el “bienestar” para todos y todas. Difícil sería decir quiénes somos esos “nosotros” iluminados. Tal vez el carácter “inclusivo” del “todos y todas”, sin embargo, podría darnos una pista.

Y la primera es —obviamente— usar ese lenguaje denominado inclusivo. Porque aun cuando vaya contra el principio de economía del lenguaje (se tiende a adoptar términos que —prescindiendo del “género”— abarquen todo con menos) es garantía para algunos ignaros de que estamos en la línea correcta. Del lado de la “débil mujer” y contra el machismo rampante. Como si muchos de los usuarios del lenguaje inclusivo no fueran exponentes de un machismo repulsivo. Como si no hubiese testimonios de violencia contra la mujer perpetrados por quienes mojan sus labios con el todos y todas.

La segunda exigencia para no ser “todos” (curioso que en el eslogan que titula esta nota no se diga todos y todas, otra señal de que la mujer es sacrosanta y “débil” hasta para ser corrupta) es precisamente estar a favor de la “lucha contra la corrupción”. Vincha en la frente, vela en la mano o vocinglería aun subida de tono, marchemos. Total nadie nos detendrá aun cuando ocupemos las calles y les arruinemos el viaje a miles de verdaderos trabajadores, con el añadido de que la consultoría de la que vivimos puede hacerse “más tardecito”. O “por aquí pasó”, pues nadie la leerá.

Y una tercera exigencia no menos importante será llenar las redes sociales proclamando nuestra santidad. Allí el “todos” no es inclusivo. Porque pongo mi firma ya soy políticamente correcto..

Y claro que hay más características. Provenir de alguna universidad determinada (donde alguien se cargó sesenta millones de soles, pero la prensa objetiva lo calló rápidamente), tener un hablar atropellado que impida al otro argumentar y —en fin— “ser dueños de la verdad y la moral”. Árbitros de ella.

Sin embargo, cuando se aterrizan las propuestas para evitar la corrupción, inevitablemente se habla de un Estado más grande, capaz de llegar precisamente a las grandes “mayorías”. Y —obviamente— dadivoso en sus programas sociales. Caritativo (con dinero ajeno), pues más que seguro me formé en colegio católico y aun cuando me declaro “agnóstico” (“ateo” menos porque “suena feo”, suena fundamentalista) conservo el alma blanca sembrada por padrecitos o monjitas.

Obviamente sería un Estado con empresas públicas donde la meritocracia cedería el paso a la inclusión, aun cuando ello signifique pérdida de capacidades. Y más que obvio convertir en Babel todas las instancias públicas, porque los funcionarios deben respetar la pluralidad lingüística del país.

Sabemos que los Estados donde hay menos corrupción son más bien pequeños, pero con autoridad; sabemos que la no discrecionalidad y la meritocracia son requisito sine qua non para el desarrollo de un país; y sabemos que en vez de dádiva, se requiere empleo productivo para dejar atrás la pobreza. Y sabemos que allí deben estar entonces los mejores, conduciendo salud, educación, infraestructura y seguridad. Pero quizás porque “ya se fueron todos”, no alcanzamos a cubrir puestos de responsabilidad los que quedamos.

¡Vamos! Hablemos claro. Desde esta columna dijimos desde un principio que en el caso Lava Jato se trataba de traición a la patria. Pues habíamos sometido nuestra soberanía a la política de Estado de una potencia extranjera. Pero en vez de denunciar de entrada los contratos por corrupción, preferimos la política de los cohechos, las organizaciones criminales o el lavado de activos. Eso permitía negociar, pues. Delaciones a quienes no me gustaban y silencio (o premio) a quien también había delinquido, pero ayudaba a mis fines finalmente políticos.

De modo que lo siento. Ese convenio —ultra secreto— entre la Fiscalía y el Estado de Brasil nunca debió firmarse. No por defender a los corruptos —políticos, empresarios, periodistas, consultores y demás—, sino porque a ojos vista ha sido redactado en las oficinas de la mayor empresa corruptora, que nos pagará S/ 610 millones de reparación durante 15 años (que pagaremos nosotros con peajes e impuestos), nos asfixiará con juicios internacionales “por incumplimiento de contrato” (ya nos ganó en realidad US$ 2,200 millones con su reclamo sobre el corrupto Gasoducto), pero —a cambio— nos dirá “los nombres” que convienen. ¡Ah!, y pagará todos sus impuestos, no olvidar el favor que nos hacen.

Y ya hablando más en serio. Nos hubiera gustado que en las reformas política y judicial planteadas por el Gobierno se hubiese empezado por respetar de veras el concepto de ciudadanía. En lo político, afirmando la libertad ciudadana de votar o no votar. Y en lo judicial, propiciando la participación efectiva de la ciudadanía en la administración de justicia e institucionalizando la figura del jurado.