¿Qué hay detrás del vandalismo en Huancayo?

En Huancayo, las protestas ciudadanas contra Pedro Castillo, Perú Libre y Vladimir Cerrón fueron contaminadas por vándalos que destrozaron propiedades públicas y privadas.  A entender de los huancaínos –que saben mejor que nadie, quién es quién entre sus vecinos–, detrás de esta vorágine violenta, está la estrategia del radicalismo extremista

El vandalismo sirve a la agitación comunista. Asalta agroexportadoras, incendia minas, bloquea caminos que conducen a las minas y, por la fuerza, cierra válvulas de producción de Petróleo en el Amazonas. Crea terror para imponerse, para detener y desvirtuar la protesta ciudadana legítima. Todo apunta a que, los desmanes de Huancayo, fueron provocados por una fuerza de choque, ¿con el fin de imponer la inmovilización social decretada por el Gobierno? Dicho sea de paso, una inmovilización desacatada por miles de ciudadanos que salieron a las calles, sin temores, a protestar contra el encierro. La desobediencia ciudadana, opuesta al vendaval bolivariano, arriesga el pellejo. Una medida carente de motivación claramente expuesta, y que confirma el talante totalitario de Castillo.   

Los comunistas son expertos creando desasosiego y conflictos. Las muertes, durante sus protestas, sirven para hacer heroica su actuación pública. Son campeones infiltrándose en manifestaciones, gremios populares y partidos políticos. Claramente lo han logrado en Acción Popular. Por culpa de Castillo –un agitador social, y nada más– el colapso social y económico del país está en proceso. Así se ha puesto en escena el libreto elemental del marxismo: la destrucción del Estado caduco para, sobre sus cenizas, instaurar uno estatista y totalitario.

Perú Libre no renuncia a la asamblea constituyente. Todo lo contrario, la reafirma. Lo repite a cada rato Cerrón. El manejo económico –que le devolvió la estabilidad al país desde la década de los noventa– sobrevive a duras penas. Todo será color de hormiga si, por la ausencia de inversiones, cae la oferta de empleo nuevo. Mientras la pobreza avanza, Castillo está afanado en su lucha de clases. Pretende resquebrajar la unidad nacional, enfrentando – según él– a los pitucos limeños contra los cholitos provincianos.   

No olvidemos que Castillo es un perturbador social. Se hizo visible siendo dirigente de una de las facciones del magisterio, durante la huelga de profesores de 2017. Los colegios públicos cerraron sus puertas, abandonando a los escolares. Los profesores opuestos fueron vejados verbal y físicamente. Las directivas de Movadef –órdenes en los círculos que domina– eran contundentes: apoyar al profesor chotano en todas sus acciones. El liderazgo maoísta se hizo público e inexcusable. El incendio de la pradera comenzaba.

El fin no es otro sino la destrucción de la producción agroindustrial y minera, los sectores exportadores más dinámicos del país. Del colapso de la economía surgen los descontentos y las movilizaciones aprovechadas por el comunismo. Recientemente, ese vendaval bolivariano alcanzó a la mina Toromocho, en Junín, departamento de tradición minera, con una mayoría de la población a favor del buen aprovechamiento de los recursos naturales. Lo mismo sucede en Cuajone, Moquegua. La agitación extremista cortó el abastecimiento de agua del campamento, afectando a niños y ancianos. 

En este escenario de violencia, confusión, subida de precios, imposiciones inconstitucionales y malestar generalizado, el Gobierno encierra a la población. Perú Libre avanza copando las instituciones de seguridad interna y defensa nacional. No obstante, es inequívoco el temor de Castillo de que las manifestaciones huancaínas sean replicadas en Lima. 

Militarizar las calles sin razón justificada exacerba los ánimos. Es algo inadmisible en un estado democrático que se considere tal y que respete a los ciudadanos.