Proyecto de masificación del gas natural debe evaluarse

Fuerte presión está ejerciendo el Poder Ejecutivo a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para la aprobación del Proyecto de Ley (PL-679/2021-PE) sobre la masificación del gas natural (GN) por red de ductos. El alza de la cotización de los combustibles líquidos (originado en parte por la crisis entre Ucrania y Rusia, y también por el sobreprecio de los gasoholes marcado por Petroperú, que el resto de los agentes del mercado siguen con entusiasmo) está sirviendo de pretexto perfecto para que la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, manifieste que el trajinado discurso gasificador es de prioridad A1. 

Ya he manifestado que la propuesta del Gobierno tiene diversas aristas. En esta oportunidad me referiré al subsidio cruzado en los costos del GN al consumidor final, que se plantea bajo el rimbombante título de “Mecanismo de compensación para el acceso descentralizado al GN”, cuya idea central es que se aumenten los precios a los consumidores de la concesión de Lima, que tienen un costo bastante bajo, para que con esos recursos se pueda generar un mayor ahorro a los consumidores de las regiones. 

Suena bien la propuesta, pero cuando hay tanto buen augurio vale la pena escudriñar los detalles, que en este caso consiste en revisar, con cifras en la mano, la información vigente publicada por Osinergmin. 

La comparación pertinente empieza por contrastar lo que le cuesta el energético al consumidor final en las distintas concesiones de distribución en operación: Lima y Callao (Cálidda), Contugas (Ica), Quavii (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash) y Petroperú (Arequipa, Moquegua y Tacna).

Inobjetablemente la concesión gestionada por la empresa Cálidda (sociedad conformada por el Grupo de Energía de Bogotá y la colombiana Promigas), es la que genera mayores ahorros a los consumidores y será la fuente del subsidio cruzado, a favor de las demás. Para cuantificar el subsidio, es necesario una comparación que realizaré para el caso de Quavii (propiedad de Promigas) y Petroperú (a cargo de la concesión que dejó la española Naturgy).

En la concesión de Quavii, la demanda asciende a 9.32 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), y está constituida en un 68% por la industria, 27% por hogares y 5% por vehículos. Los sobreprecios respecto a Lima son: 6.98 dólares por millón de BTU (US$/MMBTU), en la industria; mientras que en los hogares asciende a 5.40 US$/MMBTU. Para nivelar con los precios de la capital se necesitan 17.1 millones de dólares (MMUS$) anuales en industria y 5.5 MMUS$ en los hogares. 

En la concesión de Petroperú la demanda es de 3.71 MMPCD, donde el 93% lo consume la industria y 7% los hogares. La nivelación de precios con la capital requiere de 8.42 US$/MMBTU, con un costo anual de 11.2 MMUS$ y en el caso domiciliario se necesitan 5.54 US$/MMBTU, siendo el impacto anual de 0.6 MMUS$. 

Las cifras hablan por sí solas: el subsidio se va a las industrias. En Quavii a razón de 3.1 veces que en los hogares y en Petroperú a razón de 18.7 veces. Sinceremos el discurso, la prédica del acceso descentralizado tiene más atractivo en el sector industrial, lo del domiciliario es narrativa pura. 

Ya que la promesa es que el incremento de conexiones domiciliares será como la bíblica multiplicación de los panes, sería bueno que la ministra Herrera le diga al Congreso cuál es el horizonte de nuevos consumidores en cantidad y tiempo, con la implementación del PL. Tal como aparecen las cifras, aquí los beneficiados son los vendedores más que los usuarios de a pie.