Precariedad institucional

Hace varios meses somos testigos de la precariedad institucional que se hace más que evidente en la incapacidad del sistema de salud para brindar atención oportuna a los pacientes de Covid-19 y otras enfermedades. Y también a la dificultad con la que el sistema educativo público, sobre todo en educación básica, responde a las necesidades de los niños y de los padres para garantizar condiciones básicas de aprendizaje, a a nivel nacional.

En este punto es relevante tener presente que las políticas públicas en salud y educación las dicta el gobierno central; pero la ejecución presupuestal y la gestión de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios están a cargo de los gobiernos regionales y locales. Para tal fin, las direcciones regionales cuentan con una autonomía presupuestaria que les permite contratar personal y proveedores capaces de brindar educación y salud de calidad.

Creo que la precariedad de la formación profesional de los servidores públicos se convierte en una barrera crucial para la provisión de buenos servicios en educación y salud a nivel nacional. Nuevamente, el sacrificio de la meritocracia por las designaciones para responder a favores políticos, se convierte en enemigo del fortalecimiento de la gestión pública de calidad.

De esta manera, aunque el pueblo puede elegir a sus gobernadores o alcaldes con cierta regularidad, y podría a través del voto castigar a los malos funcionarios, lo cierto es que vuelven a reaparecer en las siguientes gestiones, promoviendo una gestión de la cosa pública crónicamente inoperante.

En tal sentido, no solo la acción concurrente de Contraloría resulta importante, sino sobre todo la capacidad de sanción inmediata sobre los malos funcionarios. Pero en paralelo, se requiere fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios públicos a nivel nacional, y que las remuneraciones que se pagan en provincias sean competitivas, a fin de atraer a buenos profesionales hacia la gestión y ejecución en los gobiernos regionales y locales.

Toca asimismo, una acción de vigilancia cercana por parte de la ciudadanía. Podríamos usar un barómetro regional para medir eficiencias en el logro de las metas planteadas, que sea de conocimiento público y se publicite en todos los canales de comunicación del Estado. 

La participación de una ciudadanía cada vez mejor informada resulta fundamental no solo para elegir mejores autoridades sino también para fiscalizarlas permanentemente mediante indicadores de logro de metas y reuniones públicas con la comunidad. De esta manera se podría atender las demandas de la ciudadanía; sobre todo en educación y salud, que son ahora los temas críticos en los cuales hemos fallado como nación y en los que hemos demostrado un bajísimo grado de institucionalización a nivel central, regional y local.