Por un Ministerio de Infraestructura eficiente e innovador

A inicios del 2023, cuando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada durante el gobierno de Kuczynski hacía agua ante su notoria incapacidad para prevenir los graves daños causados por el fenómeno de E Niño en el país, la contraloría general de la República lanzó la iniciativa de crear un Ministerio de Infraestructura (Minf), como entidad que adopte decisiones al más alto nivel sobre proyectos de mediana y alta complejidad de interés nacional, sin por ello crear nueva burocracia al integrar a programas ya existentes como el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied); el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis); el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI); Provías Nacional y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), entre otros, iniciativa que respaldamos y defendimos en su momento.

Sin embargo, desde el Consejo de Ministros de entonces, encabezado por Alberto Otárola, optó por no enfrentar a los sectores de mayor peso en el país, como los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Energía y Minas, Desarrollo Agrario, Salud y Educación –los cuales sintieron perder poder sobre sus ingentes recursos para obras y proyectos– dando paso a la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) mediante Ley 31841, siendo presentada como una alternativa más “eficiente” que la ARCC. Sin embargo, esta nueva entidad nació con una debilidad congénita, dado que además de adscribirla a la Presidencia del Consejo de Ministros en vez de otorgarle mayor autonomía, sus competencias fueron limitadas a aquellos proyectos o programas de inversión que le fueran asignados o delegados, siempre que los mismos contaran con montos de inversión iguales o mayores a 200 millones de soles, que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y que no tengan ejecución física.

Como es claro, bajo este esquema, la ANIN quedó fuera de la mayor parte de proyectos de inversión a nivel nacional, los que siguieron a cargo de los programas sectoriales. Por ejemplo, la unidad ejecutora del MTC en materia vial, como es Provías Nacional, mantuvo a su cargo las obras referidas a construcción de puentes y carreteras, así como del mantenimiento y rehabilitación de vías a nivel nacional. Sin embargo, la falta de articulación se hizo evidente ante las recientes quejas por la falta de accesos adecuados hacia el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, a pesar de que esta obra también está bajo la supervisión del MTC.

Por su parte, la ANIN ha informado que durante el 2024 tuvo a su cargo diversas obras que sumaron una inversión de más de S/ 5200 millones, muchas de las cuales fueron parte, sin embargo, del pasivo dejado por la anterior ARCC. Y si bien varias de estas obras fueron finalmente culminadas a pesar de los años transcurridos, otras muestran niveles de ineficiencia similares a las mostradas por la ARCC, entre las que se encuentran por poner un ejemplo el cauce de la quebrada Huaycoloro, que puede afectar a cientos de familias en caso de producirse huaycos e inundaciones por las recientes lluvias.

En tal sentido, si bien en setiembre del año pasado se asignó una nueva cartera de proyectos para la ANIN, mediante Decreto Supremo 096-2024-PCM, cuyo monto de inversión sería superior a los 2000 millones de soles, la PCM habría hecho un balance negativo de estos avances dado que, al contrario de lo esperado, esta entidad solo ha incrementado la burocracia estatal a través de unidades desconcentradas creadas en diversos departamentos del país, además de mantener una visión cortoplacista y una lógica de bombero que poco aporta a la debida implementación de instrumentos como el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025, cuya vigencia está por vencerse pero cuyo avance deja mucho por desear.

Precisamente, la reciente inauguración del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, y el pronto inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, han mostrado la urgente necesidad de contar con una infraestructura debidamente planificada que permita aprovechar y potenciar los impactos positivos que tendrán estas megaobras, no solo para Lima sino para el conjunto del país. Ello solo puede hacerse a través de una entidad rectora, de nivel ministerial, que no solo apunte a prevenir y mitigar riesgos futuros en caso de desastres –como fue el espíritu con el que se creó la ARCC y la ANIN– sino que establezca el tipo de infraestructura que requiere el Perú para convertirse en una potencia mundial en las siguientes décadas, a partir del posicionamiento estratégico que tiene nuestro país en materia de comercio internacional.

Por ello, cabe respaldar la iniciativa expresada por el presidente del Consejo de Ministros para la creación de un Ministerio de Infraestructura, esperando que se cumpla con el compromiso de contar con una propuesta legislativa para mediados del presente año, y que se considere lo manifestado en su momento por la contraloría general de la República, además de otras propuestas en ese sentido como las presentadas por el Colegio de Ingenieros del Perú. La trascendencia de esta iniciativa requiere que ello sea así, parte de un amplio diálogo nacional que permita contar con una propuesta técnica, sólida y viable sobre el nuevo ministerio, de modo tal que podamos contar en un corto plazo con una entidad eficiente, transparente y con visión de futuro, considerando además la necesidad de articular al país con las innovaciones tecnológicas que ya se vienen implementando en otros países.