Por mal camino…

Corrupción, asaltos, crímenes y otras atrocidades son el menú diario que hora tras hora vemos y escuchamos en los medios. Son las noticias principales que desplazan a las demás, por más importantes que sean. Noticiarios de TV, radio y programas de opinión las consideran los platillos que atraen y venden. Es un constante martilleo informativo que golpea nuestra autoestima como nación, multiplica la desconfianza y alienta conductas agresivas de defensa propia. 

La cultura de la denuncia o la delación, que la prensa de investigación busca y fomenta, se traduce en una acumulación de acusaciones y desmentidos que afectan la moral pública y proyectan una imagen indecente que supera a la realidad misma. Los linchamientos mediáticos toman el lugar de un sistema de justicia que funciona mal por sus falencias o excesos, que los medios acompañan con el exhibicionismo despiadado que se palpa en casos como el del enfermo ex Premier César Villanueva, a quien el INPE expone indignamente ante las cámaras, en lugar de protegerlo de esa humillante publicidad.

Por más pesado que fuera nuestro cargamento de problemas, el Perú aparentaba cierta normalidad hasta la vacancia de Kuczynski (cruelmente vejado) y su reemplazo por el vicepresidente que abandera una agenda anticorrupción cuyo manejo por una Fiscalía políticamente orientada ha sido expuesto en la brillante y exhaustiva entrevista de Enrique Ghersi en el diario Expreso (edición del 18/12). El infamante interrogatorio a un Magistrado constitucional de reconocida probidad, como Sardón de Taboada, no es sino el capítulo más reciente del macartismo criollo a la caza de brujas. 

Se ha impuesto una agenda anticorrupción grandilocuente y casi excluyente, que ignora la corrupción diaria y pequeña que pervierte los servicios de salud, administración y justicia a lo largo del Perú. La plaga endémica que afecta a los más pobres. La que Fernando Cilloniz erradicó en Ica con el remedio inteligente de la informática para digitalizar el control de servidores públicos irresponsables.  

La agenda anticorrupción del gobierno no solo ha sido calculada en función del rédito político de objetivos impactantes, sino que sirve de justificación para no tomar decisiones tan positivas –y simples– como promulgar la ley de ampliación del Régimen de Promoción Agraria aprobada por el Congreso, ampliando sus beneficios a los sectores acuícola y forestal.  

Esta insólita parálisis en la adopción de decisiones de verdadera importancia nacional agudiza el decaimiento económico y la retracción del inversionista privado, que se potencian por la inejecución de los presupuestos previstos para la inversión pública gubernamental, los pliegos sectoriales y las administraciones regionales.

Pero más allá de estos lamentables efectos, la inacción, en lo sustantivo, es parte de una forma defectuosa y perjudicial de enfocar la gestión pública en un país que necesita y reclama mucho más que discursos y propaganda.