Poner cerrojo a la caja de Pandora

Si tuviéramos que realizar un diagnóstico al comportamiento de nuestra histórica forma de gobierno nos daremos cuenta de que entra en crisis cada vez que el gobierno resulta incapaz de consensuar una mayoría parlamentaria con la oposición. ¿Se trata de una falla en su diseño o es una dolencia estructural? Pensamos que el problema es más cercano al ánima que pone en evidencia la salud y la enfermedad de un parlamentarismo, presidencialismo o cualquiera de sus derivados contemporáneos (semipresidencial y semiparlamentario). Se trata de la política, la actividad humana encaminada hacia el bien común para atender los problemas que importan a todos, los temas históricos por resolver o reparar que nos atañen como sociedad, que se tratan a través de nuestros representantes políticos en una asamblea nacional y se exigen resolver al gobierno. Sin embargo, cuando predomina el bien propio de una mayoría de representantes no resulta el ambiente favorable para obtener resultados que favorezcan la gobernabilidad y la estabilidad, pues el poder legislativo queda reducido a un foro donde se administran intereses individuales y corporativos.

Las relaciones ejecutivo-legislativo, en crisis desde julio de 2016, tiene su origen en una clara erosión del principio de separación de poderes. La desnaturalización de la cuestión de confianza para alcanzar la disolución congresal, la validación de una denegatoria fáctica de la confianza por el Tribunal Constitucional, confundir la labor de la oposición política con obstruccionismo, la aprobación de vacancia y sucesión presidencial con un golpe de Estado, han dejado sentida nuestra forma de gobierno tras cruzarse la línea con la disolución del Congreso primero (2019) y la vacancia presidencial después (2020). El gobierno y legislativo electo el 2021 promueven el ejercicio de las mismas instituciones que parecen haber llegado para quedarse y operar con tanta frecuencia, pero a una escala superior, que la tradicional interpelación y moción de censura.

La erosión de la separación de poderes también guarda directa relación con la ausencia del fair play (juego limpio), la carencia más palpable en el ejercicio de la vida política nacional. Se manifiesta cuando comienzan a desnaturalizarse las instituciones ejecutivo-legislativo para emplearlas con un propósito distinto y sin escrúpulos sobre sus consecuencias para la gobernabilidad y salud en su forma de gobierno. Al respecto, hace unas semanas el Congreso reguló las materias que puedan ser objeto de una cuestión de confianza, quedando pendiente excluir su obligado planteamiento para la investidura del primer ministro. 

No podemos aventurarnos a presagiar un final para el temerario ejercicio de la vacancia presidencial y disolución parlamentaria, dos “armas nucleares” que entraron al juego; por eso, antes de esperar la ansiada madurez de nuestro sistema político, cuando superemos la crispación iniciada en julio de 2016, con sus primeras manifestaciones entre los años 2019-2020 y momento crítico este 2022, será necesario realizar unos “ajustes” a la Constitución de 1993 para guardar la vacancia y disolución en la “caja de Pandora”, con un cerrojo y varios candados que exijan más requisitos para su prudente ejercicio.