Población, Policía, Ministerio Público y Poder Judicial

Una de las crisis más graves por la que atraviesa el Perú, y que hasta ahora nadie ha abordado, es la creciente divergencia de objetivos entre el deseo ciudadano de seguridad y justicia, y esa compleja telaraña ideológica absolutamente teórica, que se ha ido tejiendo en los claustros. Una ideología en base a la cual proceden fiscales y jueces, y a veces la policía, ahondando la brecha que los separa de los ciudadanos a los que deben su existencia, su carrera y su sueldo.

El ciudadano honesto tiene derecho a exigir que quienes cobren sueldo de ese Estado —es decir, aquellos que mantiene con los impuestos que paga— prioricen su seguridad y la salvaguarda de sus derechos. Con toda justicia espera que actúen con celeridad, energía y eficacia contra quienes amenacen su vida, su integridad física o moral o el patrimonio adquirido legítimamente con su esfuerzo.

Pero ese engendro ideológico que parió la mas atroz dictadura que ha manchado Latinoamerica, ha alejado la función de los operadores de justicia de la razón de su existencia, poniéndolos —no pocas veces— al servicio del enemigo. Como cuando cinco fiscales se sentaron a presionar a un juez para que dicte prisión preventiva contra el policía que abatió a un delincuente en fuga, cuyos pariente y amigos le quitaron toda posibilidad de ser llamado “presunto”, atacando a tiros la comisaría.

El delincuente rendido merece trato humanitario, de eso no cabe duda. Pero mientras este persista en su actitud hostil, sea contra la víctima primigenia, sea resistiéndose al arresto o replegándose tácticamente, sin rendirse, tras una acto violento o tras usar o amenazar con usar ilícitamente un arma, la policía, debidamente identificada, debiera contar con el respaldo legal para el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, para poner fin a la amenaza. Es tarea a la cual debe abocarse el Congreso, no menos divorciado de las genuinas preocupaciones de sus electores.

La concepción de algunas figuras delictivas no se ha actualizado racionalmente. La extorsión es una vieja forma delictiva, prima hermana del secuestro, que crece vigorosamente en nuestra sociedad, a todo nivel socioeconómico. La extorsión empieza a menudo con una amenaza, antes incluso de plasmarse en un pedido con cifra exacta de dinero, frecuencia, modalidad o lugar de pago.

Para el ciudadano, el delito ya se configuró; para el teórico jurisconsulto o para el policía, obligado lógicamente a seguir la norma que diseñó el anterior, la amenaza no es delito aún, así que no puede intervenir. Invariablemente recomendarán a la víctima pedir garantías (cosa posible solo si sospecha de alguien), lo que en la práctica solo sirve para tener de quien sospechar una vez que el daño con que se le amenaza se haya consumado. Es decir policía, fiscal y juez tienen claro el objetivo de sancionar al culpable, pero sus atribuciones legales no sirven para evitar que el daño se efectúe. Otra tarea para el Congreso.