Petroperú reitera contratación extemporánea de auditoría

El pasado día 3 de los corrientes se ha conocido por un “hecho de importancia” reportado por Petroperú (PP) a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que recién ese día se iniciaba el trabajo de auditoría del ejercicio 2022, con la contratación de la representación local de la multinacional Price Waterhouse (PW), que por séptimo año consecutivo se hace del contrato con la petrolera estatal. Eso la convierte en imbatible ante sus otros tres competidores del grupo de rankeados de primera fila de las ligas internacionales: Deloitte, Ernst & Young y KPMG. 

La contratación se hace después de haber vencido el plazo –31 de marzo– para la entrega de estados financieros (EE.FF.) auditados a la BVL y dado que el trabajo se realiza en un período no menor de tres meses, recién se tendrán los informes a fines de junio próximo, mientras que el compromiso de mostrar contabilidad auditada a los acreedores de deuda de largo plazo del mercado internacional –se les debe 4,246 millones de dólares (MMUS$)– vence el 31 de mayo próximo. 

Estamos en la misma situación que se vivió el año pasado que dio origen a la declasificación crediticia de PP al último escalón en la categoría de “grado de inversión” por parte de Fitch & Rating y al primer escalón en el rango de grado especulativo según Standar & Poors, con lo cual los 3,000 MMUS$ de bonos emitidos en los años 2017 y 2021, cayeron en la denominación de “bonos basura”.

En aquella oportunidad bastó que se conociese, a inicios del mes de marzo del 2022, que no se había contratado a la auditora, para que cayeran todas las admoniciones, desde denominar a PP “empresa basura”, hasta los anuncios que los acreedores irían a reclamar el pago del íntegro la deuda que tenía vencimientos en los años 2032 y 2047. En este 2023, cuando la tolerancia con el Gobierno de Dina Boluarte ha llegado a límites inéditos en la política peruana, los agoreros han desaparecido de la prensa económica y política. 

La tardía contratación de PW tendrá varios efectos; para empezar, se tendrá que negociar con los bonistas un “consentimiento” (consent) y una dispensa (waiver) del aval de prestamistas (agencia española Cesce).  Esto tiene un costo con cargo a las cuentas de PP que será del orden de 10 a 15 MMUS$, para pagar a estudios de abogados y bancos agentes, adicionalmente se pagará entre 30 y 40 MMUS$ por compensación a los acreedores. Es resumen, se tendrá que disponer de un mínimo de 40 MMUS$ de las alicaída tesorería de la petrolera. 

Por supuesto que en los bancos que financian las operaciones de corto plazo podrá haber un ajuste en las líneas de crédito, lo que significará una nueva posición complicada en el capital de trabajo, que en octubre del año pasado devino en desabastecimiento de combustibles en el mercado y en la necesidad que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) capitaneado por el efímero ministro Kurt Burneo, les lanzase un salvavidas en tres actos: 1) un aumento de capital por 1,000 MMUS$, 2) garantía para créditos de corto plazo por 500 MMUS$, y 3) aplazamiento hasta diciembre del 2024, de la deuda de 750 MMUS$, que les dio el MEF, con el ministro Oscar Graham, en mayo 2022.  

Hoy, se sabe que PP está acudiendo a un endeudamiento al Banco de la Nación (BN) por 277 MMUS$, que podría estar dentro del aval del MEF de octubre pasado, o en caso contrario tendría que exigirle otro tipo de garantía (podría ser facturas por cobrar a mayoristas). Debería ser una ventaja para el BN la actual presencia del exministro Burneo como asesor de la presidencia del banco, dado el conocimiento que debe haber adquirido como miembro de la Junta General de Accionistas de PP entre agosto y diciembre del año pasado. 

Temas adicionales serán: ver como evolucionará la cotización de los 3,000 MMUS$ de bonos que se tiene, y la reacción de las calificadores de riesgo; que será materia de otro artículo.