Pertinencia y eficacia en debate sobre arrastre de pérdidas

Está en la antesala de votación en el pleno del Congreso un proyecto de ley (PL-9433/2024-CR) que propone que, para fines tributarios, se considere el arrastre de pérdidas contables de los años 2020, 2021 y 2022; bajo el argumento que las cifras negativas son secuelas económicas y financieras de la pandemia del covid, que en nuestro país se empezó a padecer desde marzo del 2020. 

Como era de esperarse desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se han opuesto al PL, utilizando un informe de la Dirección General de Políticas de Ingreso Público (DGPIP), que tiene aspectos jurídicos y económicos. Respecto a estos últimos daré una opinión que puede ser útil para el debate que, de ser aprobado el PL en el Legislativo, tendrá en el Ejecutivo la voz del MEF pidiendo que la autógrafa sea observada.

Los argumentos que se esgrimen desde el despacho del jirón Junín ponen como frontis la exigencia de que se exponga “la pertinencia y eficacia como instrumentos para promover determinados objetivos públicos”. 

La DGPIP hace un conjunto de afirmaciones: que la recuperación económica después del covid ya se ha dado, usando cifras ventas y de la variación del PBI hasta el 2024; que la OCDE recomienda el incremento de la recaudación y cierra la perorata con una altisonante frase sentenciosa: el costo fiscal será de S/ 5,100 millones de aprobarse el PL.

Empecemos reflexionando sobre la invocación del MEF sobre la pertinencia y eficacia. Es pertinente el debate, pues estamos hablando de la situación de empresas que están en la formalidad y son fuente de empleo remunerado, cumpliendo exigencias normativas laborales, y la eficacia de la medida dependerá no de los promotores de la ley sino de los que la deben hacerla cumplir, y que no se deben valer de pretextos sobre la dificultad de implementación. 

Abundaré en la pertinencia. Soy un convencido de que la inclusión de los años 2021 y 2022 en el proyecto de ley trasciende al covid, cuyo efecto ha sido manifiesto en los años 2020 y 2021, en los que, a pesar de la recuperación, permitió estar tan solo 1% por encima del PBI del 2019. 

Se olvidan en el MEF que desde julio del 2021 al ingreso de Pedro Castillo a la presidencia hubo una corrida de capitales que ha llegado hasta los 22,490 millones de dólares (MMUS$), según el BCR y que es una variable a tener en cuenta. No solo eso, sino que, en el 2023, hubo contracción en la economía. Es más que evidente que razones para fundamentar la pertinencia existen.

Se argumenta que en el 2021 y 2022 las ventas totales se incrementaron en 39.0% y 13.2% respectivamente. Sobre el 2021 es importante ponerlo en contexto. Es una variación al alza tomando como referencia una caída de -9.9% en el 2020, y por tanto, el crecimiento real fue de 25.2% respecto al 2019, es decir el acumulado de dos años, eso explica porque en el 2022 se registró 13.2% de variación. 

No hay que olvidar que las cantidades representan las ventas por todo concepto lo que incluye la recuperación de precios de las exportaciones, cifras demasiado agregadas para la toma de decisiones.

Para hablar de tendencias en la economía y ya que menciona el MEF el período 2020-2024 (P2), es decir 5 años, lo apropiado es comparar con un lapso similar previo al Covid, es decir 2015-2019 (P1). La comparación de la Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del PBI del P1 fue de 3.18% versus 1.34% del P2. ¿De qué recuperación nos hablan? 

Sobre la recomendación de la OECD de incrementar la recaudación, la alusión pretende escamotear una grave inacción gubernamental, que la base de recaudación es sobre los mismos contribuyentes ¿dónde está su tarea de ampliar la base tributaria?

Finalmente, nos mencionan un costo fiscal de 5,100 millones de soles (1,378 MMUS$), sobre lo que tengo una interrogante y un recordatorio. Sobre la primera sería bueno que nos exhiban como han llegado a esa cifra, y sobre la segunda solo quiero recordarle que desde la caja fiscal han salido 2,550 MMUS$ (85% mayor al supuesto perjuicio) como capitalización a favor de Petroperú, sin que se explique “la pertinencia para promover determinados objetivos públicos que hoy exigen al PL”. 

En resumen, desde la institución rectora de la economía y finanzas del país, exhiben argumentos débiles para oponerse a un debate con implicancia a las empresas que buscan generar renta permanente para el Estado y generación de empleo formal.