¿No más pobres en un país rico?

El gobierno se equivoca si considera que el bienestar de la población podrá alcanzarse si permite la paralización de las actividades productivas; en especial de la minería, porque representa más del 60% de las divisas que ingresan al país. Si este flujo es interrumpido, la respuesta de la economía ante la escasez de la moneda norteamericana será el incremento del tipo de cambio y una mayor depreciación del sol, lo que perjudica principalmente a la economía de las familias menos favorecidas. 

Tengamos presente que el bienestar de la población se basa en el incremento de la producción y en los niveles de productividad, medidos con relación a otras economías del mundo. Si el Perú disminuye sus volúmenes de producción, contará con menores recursos monetarios para adquirir bienes y servicios que no se producen o brindan en el país. Por ejemplo, el maíz amarillo duro que se produce localmente es insuficiente para satisfacer la demanda de la producción avícola; por lo tanto, este producto debe ser comprado, y su costo pagado empleando una moneda aceptada internacionalmente como el dólar estadounidense. En consecuencia, si ingresan menos dólares, esta moneda sube su cotización e impulsa al alza el precio del pollo.

Además, como el pollo es un producto de consumo masivo en los hogares peruanos, su precio también sirve para regular los precios de otros productos cárnicos, principalmente los provenientes del ganado vacuno o porcino, e inclusive el pescado, entre otras especies. Por esta razón, cuando se produce un mayor ingreso de pollo en los mercados, su precio se hace accesible para más amplios sectores de la población.

No obstante la importancia de lo señalado, durante las últimas semanas, se vienen presentando hechos de violencia en contra de diversas operaciones mineras. Y la respuesta implementada por algunas autoridades parecería ser la permisividad. Como se sabe, el libre tránsito por todo el territorio nacional está garantizado por la Constitución; sin embargo, se permiten los bloqueos de carreteras, los que terminan por legitimar e incentivar estas acciones por parte de algunos pobladores. Estos últimos en muchos casos emplean el argumento de la comisión de un supuesto daño ambiental para imponer acuerdos comerciales por encima de los precios de mercado, sin tener en cuenta que dicha práctica ocasiona sobrecostos que socavan los niveles de productividad y rentabilidad de cualquier proyecto. 

Si se genera un costo artificialmente alto en beneficio de algunos, se perjudica a la comunidad local y nacional, porque la contribución que genera una actividad económica disminuirá y el estado dispondrá de menores recursos para ser destinados al cierre de brechas. Es decir, en lugar de establecer un círculo virtuoso, se caerá en uno vicioso que privará de recursos para atender la mejora y ampliación de los servicios de salud, educación e infraestructura.

Algo similar ocurrió meses atrás, cuando la administración del Gobierno de transición presidido por Francisco Sagasti cedió ante quienes atacaron al sector agroindustrial para terminar derogando una norma promotora que acabó o disminuyó significativamente el desempleo en regiones como Ica, Piura y La Libertad. Se está tolerando el ataque sistemático a sectores productivos como la agroindustria, la minería y no sabemos cuál más seguirá. Mientras tanto, el turismo continúa golpeado por la pandemia del COVID-19 y lo más probable es que continúe así con la llegada de la cepa ómicron. 

En esta circunstancia, todavía hay quienes dudan de que la mejor estrategia para generar bienestar y desarrollo es incrementar la producción. Salvo que el objetivo del Gobierno sea diferente al eslogan de su campaña.