No hay un país de las maravillas

“Sí yo hiciera mi mundo todo sería un disparate. Porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es, no sería y lo que no podría ser sí sería” (Lewis Carroll. Alicia en el país de las maravillas)

La opinión de la gente siempre ha sido manipulada por los grupos dominantes e influyentes de la sociedad. Se ha empleado diversos medios, desde la magia y religiones hasta la ley y la prensa. Los ciudadanos, las personas, tienen ante todo el derecho de ser informados por todos los poderes del Estado, con buena información, no manipulada, sobre el estado del país y de sus principales inquietudes; y de manera ritual y solemne, como en los mensajes a la nación, y en forma continua y permanente. Los medios de comunicación estatales y no estatales, incluidas las redes sociales, están sujetas a principios y reglas como la verdad y el respeto, lo que se encuentra expresado casi siempre en la constitución y las leyes. Pero no hay leyes que obliguen al pluralismo en todos y cada uno de los medios tradicionales o electrónicos. Hay el derecho a defenderse de vulneraciones a derechos. Buena información no es propaganda ni mentiras de autoridades estatales o de privados (fake news o “prensa chicha”).

“Solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni siquiera quieren encontrarlo” (L.C.)

El debate político, legal e ideológico, de sistemas de ideas y creencias, sobre cuánto debe regularse el uso de los dineros de los ciudadanos por las autoridades para expresar sus puntos de vista, en nombre de derechos y libertades, debe plantearse primeramente desde la defensa de los derechos de la persona a ser bien informada. En sociedades de capitalismo y democracias constitucionales avanzadas que no están libres de graves problemas internos y externos, estos problemas de información inciden en su seguridad multidimensional, no solo en su crecimiento o en su desarrollo (que no es lo mismo). Existen instituciones académicas y no académicas, públicas y privadas, que investigan, evalúan y publican libremente sobre el uso del dinero que aportan los ciudadanos.

Al costo de los contratos de publicación de la palabra de las autoridades, hay que sumar lo que las administraciones públicas gastan en ello, y ver si se ajustan a derechos fundamentales con informaciones relevantes, pertinentes y oportunas para los derechos de las personas y la salud de la República, Y que no se usan para ganar batallas en la encuestopatía, el cortoplacismo u otros propósitos. Las ciencias sociales proveen un conjunto de medios apropiados, que no se están empleando para un buen debate y mejores decisiones gubernamentales. Al contrario, se malgastan en una polarización indebida, o en la venganza de una mayoría parlamentaria que no cuenta con el favor de los encuestados, ni con una pluralidad de medios tradicionales ni de redes sociales.

También hay consenso desfavorable con respecto al Poder Ejecutivo, la mayoría de los gobiernos departamentales y municipales, el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Hay encuestas por muestreo que publiquen resultados en contra de ellos? Vox populi: una neta mayoría de publicaciones estatales son propaganda y publicidad, no información de excelente calidad. Son menos conocidas las evaluaciones nacionales sobre medios de prensa y de opinión electrónicos.

¿Hay derecho de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en buena información para la ciudadanía y el bienestar de la República por las autoridades de los tres poderes del Estado? Es hora de debatir y decidir con ciencia y principios, aunque siempre “gobernar es hacer creer”.