No caer en promesas ligeras para conseguir votos

No tengo duda alguna de que un gobierno de Pedro Castillo devendría en un desastre nacional. Entre resentimiento, populismo, doctrina política retro, desconocimiento y voluntarismo allanaría el camino al despeñadero. La alternativa, Keiko Fujimori, merece el apoyo, pero no por ello podemos ser laxos en exigencias de reformas, pues tiene que entender que su antagonista está representando la voz de protesta de cerca la mitad del país, que está descontenta. 

La espada de Damocles para un eventual gobierno del partido fujimorista será una algarada organizada por los adversarios de esta contienda. Luna de miel no habrá, y desde el día uno se le exigiría el cumplimiento de lo ofrecido y de muchas cosas más. En este orden de ideas, me llaman la atención sus promesas, como el reparto directo a los pobladores del 40% del canon minero y la rebaja de los combustibles: petróleo diésel (D2) y gas licuado de petróleo (GLP).

Considero que el ofrecimiento sobre el canon es cándido, porque se hace pensando que los grupos antimineros y los grupos comunitarios se mueven según consideraciones crematísticas. Los primeros tienen su agenda y sus financistas, y los segundos tienen un tema de identidad y cultura por delante.

Pero no solo lo mencionado es lo relevante, sino también las cifras que están involucradas. Dado que son variables dependiendo de la cotización de los metales en el mercado internacional, es pertinente hablar de cifras medias en períodos significativos. Así para el período 2010-2019, la media anual ha sido de S/ 3,084 millones, siendo el 40% a repartir S/ 1,234 millones. Cifra significativa a repartir individualmente, pero que puede ser mejor utilizada para obras de uso de bien común. 

No está lejos, con la misma lógica, la oferta del canon hidrocarburífero que, para el mismo período citado, ascendió a un promedio anual de S/ 2,637 millones. El 40% es S/ 1,055 millones, cantidad elevada para dilapidarla de manera individual.

El hecho de que los gobiernos regionales, provinciales y distritales no usan el canon o lo hacen indebidamente no es un argumento; para eso está el Gobierno nacional para ayudar en la gestión, la que puede hacerse con un control concurrente de la Contraloría General de la República.

En el caso del precio del D2 y el GLP, hay que recordarle a la candidata, que los precios de los combustibles se rigen por oferta y demanda, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221), vigente desde agosto de 1,993. Si alguien le ha dicho que Petroperú puede utilizarse como un regulador de precios del mercado le ha mentido, porque no hará ni el 50% de la atención de la demanda del D2.

En GLP, la producción propia de la petrolera estatal no llega al 10% de la demanda actual, que es creciente. En su rol de comercializador, al no tener cadena comercial, su actuación termina en la venta a mayoristas en almacenes de Callao, luego de haberle comprado a Pluspetrol para luego revender. 

Habrá interesados en decirle que reemplace el GLP por redes de GN, que le demuestren que una inversión de este tipo –en la que la infraestructura la tiene prácticamente que cofinanciar el Estado, con una alta participación, para universalizar el servicio– resulta más rentable que un suministro de GLP. 

Esperemos, señora candidata, que no haya más ofertas de este tipo, porque empieza a preocupar que, de ganar las elecciones, su propuesta de reparto dinerario será dispendiosa del erario público. Y sus rebajas en los combustibles no podrán cumplirse.