¿Mutilar el Perú?

La manifestación de la voluntad del presidente Pedro Castillo de otorgar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico por territorio peruano y su frecuente apelación a: “si el pueblo lo decide en un referéndum, debería proceder”, demuestra el desconocimiento del mandatario sobre las implicancias jurídicas de su propuesta, así como la negación de lo que constituye el legado histórico de la república.

Debería saber, por ejemplo, que los ciudadanos de hoy no podemos representar “al pueblo histórico”, menos aún si se tratase de “mayorías o minorías”; por las siguientes razones: a) “El pueblo” está compuesto por diferentes grupos etarios. Es decir, “el pueblo” comprendido entre los grupos que van desde los 0 a 17 años no tendría opción de opinar si está de acuerdo o no en recibir un país mutilado cuando lleguen a la mayoría de edad. Es más, quienes se encuentran comprendidos entre los 18 y 70 años de edad –hasta donde alcanza la exigibilidad de participar en los procesos de consulta–, no constituyen grupos etarios numéricamente iguales, existen más ciudadanos entre los 18 y 40 años de edad que entre los 41 años en adelante. 

En consecuencia, quienes por su espacio vital podrían expresar una voluntad más informada sobre la historia del Perú, numéricamente no podrían imponerse a quienes han sido educados con las calificaciones pedagógicas del proponente. Por lo tanto, alguien podría proponer que ante las mayores ventajas que disfrutan los pobladores de la frontera brasileña, ¿por qué no preguntarle al pueblo si desea ser parte de ese país? O si un grupo propone que seamos parte integrante de los Estados Unidos, esto siempre y cuando su Gobierno decida aceptarnos. Vemos lo absurdo del planteamiento. 

Con el criterio expresado por el mandatario Castillo, ¿cualquiera que apele al “pueblo” y con una buena campaña de medios podría volver a convertir al Perú en una colonia? Porque si a través de un referéndum se puede vulnerar el territorio nacional –que es lo permanente y trascendente entre generación y generación–, alguien muy pusilánime podría señalar que, dado el fracaso del Estado nacional y altos niveles de corrupción, ¿por qué no ceder la administración del Estado a otro gobierno? Total, el Estado ya ha abdicado de sus funciones y se las ha encargado a otro gobierno, como en el caso de la reconstrucción del norte, en el que el país ha recurrido a suscribir un contrato denominado “De Gobierno a Gobierno” (G2G). Definitivamente ¡no! El territorio es parte esencial de la identidad nacional, el poblador de cualquier edad se identifica con el espacio geográfico que lograron sus antepasados y, en función a dicho legado, proyecta su futuro accionar y su bienestar.

Imaginemos, cuál sería el impacto de ceder un corredor territorial a Bolivia para que, además, acceda soberanamente al mar. En primer lugar, los peruanos nacidos en dicha área hipotética pasarían a ser registrados como ciudadanos bolivianos; o en el mejor de los casos, tendrían doble nacionalidad. Segundo, en adelante tributarán al gobierno boliviano. Tercero, como ocurre en todos los países, sus connacionales (bolivianos) tendrían prioridad para acceder a ciertos puestos de trabajo; es decir, quizás respeten a la primera y segunda generación por la “generosidad” del mandatario Castillo y de la entelequia que él emplea con frecuencia en sus intervenciones: “el pueblo”. En este escenario, los ciudadanos peruanos en el nuevo territorio boliviano serían marginados. Cuarto, si en el futuro se hallase alguna riqueza natural relevante en el área cedida a Bolivia, el Gobierno peruano no obtendría ningún beneficio sobre dicho recurso, tal como ocurre con los recursos que en la actualidad existen en los territorios que pertenecieron a Bolivia y a Perú con anterioridad de la Guerra del Pacífico. 

Inclusive si en un futuro surgiera alguna discrepancia insalvable con Bolivia, este país podría emplear los recursos económicos que le aporte el antiguo territorio peruano para agredir al Perú en busca, quizás, de “mayor generosidad” por parte de otro iluminado político para ampliar el corredor “Castillo” cedido a Bolivia.