Momento crítico en el sector energético

En menos de una semana la situación de perniciosa inacción en el sector minero energético, que ya tiene cerca de siete años, ha llegado a nivel de crisis. No auguran nada nuevo la inevitable renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por su relación con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, ni la declaratoria de reorganización del Osinergmin, por mandato normativo (DS-023-2020-PCM), como consecuencia del luctuoso hecho de fuga de gas licuado de petróleo de un camión cisterna, con el trágico desenlace de 26 personas fallecidas, en el populoso distrito capitalino de Villa El Salvador

El ente rector, el Ministerio de Energía y Minas, en 42 meses ha visto pasar por la avenida Las Artes, del mesocrático San Borja, cinco titulares. En un ámbito tan especializado que es un importante centro de atracción de la inversión extranjera directa, con un saldo de US$ 9,100 millones, y que representa el 35% del total, tal rotación de ministros no permite estructurar una política sectorial efectiva de mediano y largo plazo. Solo se vive lo urgente del día a día.

La agenda de pendientes es inmensa. Por el lado de la energía, hay una nueva ley orgánica de hidrocarburos, políticas para el mercado de spot, participación de energías renovables en la matriz de demanda de consumidor final y, lo más complicado de todos, una salida al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP). Mientras que, en el caso de la minería, una nueva ley general de minería está en espera.

De hecho, el nuevo ministro que se designe, en los 18 meses que le quedan al Gobierno y con un Congreso con bancadas atomizadas, poco es lo que podrá hacer. En el interín habrá una fuerte presión de parte del Consorcio Gasoducto Sur Peruano, donde Odebrecht tiene el 55% de participación, para que se acelere un concurso internacional para que un nuevo concesionario se haga cargo del proyecto. A ese concesionario Odebrecht le vendería sus activos, y con esa recaudación recuperaría lo invertido, que según declaración de parte asciende a la suma de US$ 1,980 millones, pretensión que ya está en un proceso arbitral en marcha, en el CIADI. 

De obrarse como el consorcio quiere, el escándalo será incontrolable para el Gobierno. Habrá que crear un nuevo modelo y plantear una estrategia para salir del entrampamiento. Casi como resolver dos cubos de Rubik en simultáneo, en tiempo récord.

De otro lado, la publicitada reforma de Osinergmin en un plazo de 90 días, que es una respuesta política para la tribuna bajo el lema, “cada vez que tengas un problema anuncia una reforma”, puede resultar un remedio más dañino que la enfermedad. 

Osinergmin, que maneja una regulación mediatizada en la generación de electricidad e integral en el transporte y distribución de electricidad y gas natural, ha sido un buen referente internacional en esta tarea. Hay empresas quejosas, pero son la minoría, la excepción que confirma la regla, que van por el camino apropiado. Su lado débil ha estado en la fiscalización, sobre todo en el sector de hidrocarburos líquidos y gaseosos, donde tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de las operaciones. 

La salida para mejorar el desempeño de Osinergmin como fiscalizador pasa por una mayor asignación presupuestal. Recursos propios existen, y el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que autorizarlos. Adicionalmente es necesario evitar la dispersión de responsabilidades con otras entidades gubernamentales.

Genera temor que a nombre de reorganización empiece una noche de cuchillos largos para colocar a los amigos del régimen.