Mil cosas peores

En los últimos días los peruanos hemos observado (una vez más) una suerte de tomografía axial de la moral real de Martín Vizcarra. Por dentro y por fuera.  En primer lugar, por dentro, Vizcarra no tiene empacho en armar una versión hechiza, mintiendo y haciendo mentir a sus secretarias y asesor ante la opinión pública, el Congreso y, ulteriormente, la Fiscalía. Además de aceptar tácitamente la alteración de los registros, mencionada por sus interlocutores en el transcurso de esta conversación. Sus palabras mismas lo condenan: “Hay que ver lo que es y luego lo que se va a decir”. Si eso no es obstrucción de la justicia, no sé qué puede ser. 

Por fuera, en su mensaje vespertino del jueves, descendió más bajo, si cabe la posibilidad. Con su usual estilo, Vizcarra, como siempre, echó la culpa a todos menos a él. Incluso habló de una suerte de gigantesco complot contra la “democracia”, en el que estarían involucrados desde los empresarios enemigos de los octógonos, los montesinistas, “fuerzas oscuras del pasado” (i. e: ¿el fujimorismo, reducido ahora a una muy domesticada bancada que vota a favor del Gobierno?) hasta, de manera implícita, el presidente del Congreso, Manuel Merino. Este complot habría utilizado incluso a una persona “de su entorno cercano”. 

Imagínense: este variopinto y numeroso grupo de cooptadores habría seducido a Karem Roca de alguna forma (no se descarta el control mental) para que ella grabe subrepticiamente al presidente y revele audios que no muestran “nada malo” en realidad, según Vizcarra. Cabe recordar que Karem Roca, su secretaria personal desde sus tiempos moqueguanos, era, según Vizcarra, su alter ego: “Una llamada tuya es una llamada mía… Llames a quien llames, si tú llamas a un ministro, viene en cinco minutos”. 

Creo que para este punto está claro que si bien un escándalo puede ser aprovechado políticamente, eso no implica que los que lo aprovechen lo hayan organizado. Es evidente que no hay pruebas de una conexión entre Roca y Merino, previamente a la celebración de las conversaciones grabadas, ni que se le haya provisto de instrumentos de grabación ni instruido en las artes del espionaje ni ordenado que proceda a hacerlas. Pero en la mente pequeñita de muchos se forma el siguiente silogismo formidable: “El Congreso es malo por esencia y de manera absoluta. Los complots son malos por esencia y de manera absoluta. Ergo, el Congreso es el complot”. 

Porque si hablamos de complots fujiapristas con audios clandestinos para tomar el poder, el único acontecimiento que podría acercarse a esta categoría es el que ocurrió en marzo de 2018, con la participación especial de César Villanueva, y que llevó al poder a nuestro actual presidente. 

Finalmente, Vizcarra dijo también que el Congreso quiere volver a establecer la reelección de congresistas y eso explicaría esta “maniobra” siniestra. Y eso es absolutamente falso. Este Congreso en ningún momento ha buscado volver a la reelección. Más allá de si sea conveniente hacerlo, si hay algunos defensores de esta medida son la Comisión Tuesta y Alberto de Belaunde. Pero Vizcarra no dice la verdad para manipular al pueblo (que detesta la reelección) y aferrarse al poder desacreditando a sus enemigos. Otro capítulo más en la historia de “no verdades” que comenzó con “No me he reunido con Keiko Fujimori”, “Tendremos 80 hospitales en 2019”, “Hay que adelantar las elecciones”, “Estamos en la meseta”, “Tenemos mil camas UCI”, “Cualquier peruano puede atenderse gratuitamente en una clínica”, etcétera, etcétera, etcétera. 

Sin embargo, lo que más aterra es que se repite un mismo patrón en Vizcarra, un patrón que hemos estado viendo hasta la saciedad durante estos meses de emergencia: echar la culpa de manera colérica a los demás, aun con mentiras, y creer que puede decir cualquier cosa, al margen de su relación con la realidad, y que debe ser creído. Y el que no le crea es un “doctor en pesimismo” o un “mal peruano que pone zancadillas al país”, un empresario corrupto y codicioso, un fujiaprista, etc. 

Ahora puede comprenderse por qué se fracasó tanto en la lucha contra el Covid desde el inicio. Porque, particularmente a partir del 30 de septiembre de 2019, padecemos un Gobierno autista, que solo se observa y escucha a sí mismo y no puede ver la realidad. Las consecuencias han sido catastróficas. Pero podrían serlo aún más.

Más grave, a la larga, será el deterioro institucional que legará al Perú la administración Vizcarra. Tenemos la hipertrofia de la cuestión de confianza y la monstruosa posibilidad de “negaciones fácticas de confianza”, que nos acercan a lo que constitucionalistas eximios, como Víctor Andrés Belaunde, buscaron siempre evitar: el despotismo presidencial. Ahora, su última ocurrencia es el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para prácticamente acabar con la figura de la vacancia por incapacidad moral. La vacancia por incapacidad moral permanente es un instrumento político, pero no arbitrario: se basa en la moral natural, y, por la misma necesidad de 87 votos, es una ultima ratio legal para acabar con situaciones intolerables.

Omar Cairo, el constitucionalista oficialista, sostiene que la moral es subjetiva y que, por lo tanto, ese instrumento no tiene sentido. Es el primer paso para aniquilar la relación entre política y moral, que es el fundamento de todo gobierno legítimo. De prosperar el recurso, tendremos un Congreso desarmado, lleno de figuras fusibles efímeras, sin fueros, susceptible a ser disuelto ad libitum por el presidente, y sin ningún instrumento último para defenderse a sí mismo y al pueblo de una figura indigna. Si el 2021, por algún azar del destino, aparece un tirano totalitario, Vizcarra le ha abierto el camino a la omnipotencia. Es el Kerensky peruano, como diría Federico Prieto Celi.