Mensaje presidencial: desafíos y riesgos

 

Abundan opiniones sobre el diagnóstico y las cirugías —políticas, institucionales y constitucionales— planteadas con gran energía por el Presidente. Aquí debo referirme a la política pública de inversiones durables y excelentes, que reclama la Encíclica Laudato Si, cuyo tema central, el ambiente (“la casa común”) es inseparable de los derechos del ser humano en sociedad, que no ha sido materia relevante del mensaje presidencial.

Hoy campea la leyenda negra del post extractivismo, extendida a la minería e industrias extractivas modernas. Industrias certificadas ambientalmente desde la preparación de un proyecto de impacto —forjador y movilizador de capacidades locales— hasta su culminación. Apóyase en graves pasivos ambientales del siglo XIX, aún sin remediar. Tiene predicadores que ocultan el grave daño del extractivismo ilegal y realmente existente en minas, pesca, tala o comercio ilegal de insumos para la narco producción y el uso de grupos terroristas.

En febrero 2016 escribí que son “claves para desarrollar las industrias extractivas… la mejora de la ejecución presupuestal, una meta fundamental, pese a inveteradas deficiencias de concepción y formulación. Y una mejora que comprenda al Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales y los capitales provinciales con mayor incidencia política. (Las) transferencias en sectores de bienes y servicios básicos ha aumentado, pero los sistemas de ejecución, con grave falencia en supervisión y arreglos con ejecutores públicos y privados, no se han corregido. El dinero transferido será ocasión de lo bueno, lo poco, lo ineficiente y lo corrupto, lo que a su vez detona conflictos”.

El mensaje señaló prioridades y urgencias que todo el Perú reclama. Y promisorias inversiones mineras, por montos que poco varían a los proclamados desde 2011, excepto por una nueva inversión: Quellaveco*. En su primera parte, esencialmente política y de complejidad constitucional, conducción e implementación multiactores, debe procesarse dentro del estado de derecho, que puede sufrir mella o amenazas costosas por tensiones, problemas, conflictos y violencias relacionados a ejecución de presupuestos e inversiones. Una premisa esencial es implantar mejores estándares y actuaciones de las fuerzas del orden, y buena información ciudadana para respetar la ley. La capacidad instalada del Ejecutivo se puede poner en valor con un equipo de “consejería presidencial” de otros países, para dirigirla y usarla mucho mejor.

Quellaveco e inversiones como Tía María y Michiquillay demandan cambiar la concepción y modo de actuación del Estado para su promoción y acompañamiento en unidad de doctrina, enfoque, metodología y mando; incluyendo un proceso de consulta previa mejorado, porque el exceso de normas lo hace complicado. Las “oficinas de conflictos” dan para cumplir con pasos legales. Las cuestiones estratégicas deben y pueden estar a cargo de una task force, como la aludida para comunicaciones, un grupo de asesoría-ejecutiva de la Alta Dirección del Ejecutivo en relación con otros actores concernidos, para lograr viabilizar la concepción y estrategia de resultados. Y no solo de procedimientos y pasos administrativos, como la mesitis dominante.

Lo barato siempre sale caro. Se ganan los partidos luchando en la cancha: es indispensable seleccionar promotores excelentes, varones y mujeres con formación en cultura de paz e interculturalidad, residentes a los que hay que entrenar, supervisar y remunerar bien para lograr resultados duraderos, no solo actas. No más sueños de opio de “sistemas” con los mismos elementos y fórmulas metodologistas, abuso de nuevas expresiones (para denominar a los viejos problemas) y clientelismo en consultorías.

Obviamente esto implica fortalecer el papel de coordinación intersectorial y sub nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para “poner la última piedra” y no la primera en julio 2021, el Estado debe apostar a nuevas modalidades, como los contratos NEC y de “gerencia de resultados” empleados en todo el mundo, en vez de seguir atados a lo mismo de siempre.

 

* En marzo 2012 se implementó una RM-PCM: Martín Vizcarra, presidente del GORE, siguió ejerciendo su liderazgo ya como secretario técnico y vocero de la Mesa. El ministro Jorge Merino Tafur me encargó presidirla. Los 32 miembros logramos un acuerdo que hoy es legítimo modelo.