Los peligros de una presidencia imperial

Nunca debemos olvidar que en estas tierras brilló el Virreinato más importante del Pacífico sur. Jamás el país debe hundir en el baúl de la memoria un hecho innegable: el caudillismo está en la sangre de nuestro de pueblo, forma parte del ADN de la clase dirigente. Hemos sufrido una y otra vez los errores del cesarismo democrático, los vicios del ogro filantrópico y las pulsiones destructoras del Leviatán confiscador. Populista ha sido nuestra política, y cada cierto tiempo las masas piden un cirujano de hierro que resuelva todos sus problemas y encuentre culpables.

Por eso, hay que tener mucho cuidado con el intento de construir en los próximos años una presidencia imperial. Contra esto debemos luchar porque nada está más alejado del ethos republicano que debe conducirnos al Bicentenario. Para construir esta presidencia imperial primero habría que debilitar a los otros poderes del Estado. Esto se lograría poniendo en duda la legitimidad del sistema de partidos (base del Poder Legislativo), creando un nuevo orden capaz de controlar el acceso a la competencia electoral y que favorezca a un sector determinado del espectro ideológico. Además, la legitimidad del Congreso tendría que ser socavada mediante una larga campaña de guerra política y mediática, identificando  al Parlamento con el origen de todos los errores de la gestión estatal. Hundir al Congreso bajo esta táctica sería un paso fundamental para la construcción de la presidencia imperial.

Lo mismo se tendría que hacer, en paralelo, con el Poder Judicial y el sistema nacional de justicia. Como está claro, minar la dependencia (auctoritas) del Poder Judicial pasaría por destruir la credibilidad de sus miembros. Además, sería imprescindible violentar el Estado de derecho. Para ello, los principios jurídicos habrían de ser relativizados (presunción de inocencia, debido proceso, etc.) y la Fiscalía, controlada. La debilidad de estos dos poderes sería el marco en el que cual se desataría una ofensiva contra la oposición política. La motivación de todos estos embates tácticos por fuerza debe ser aglutinante, y el detonante radicalmente movilizador: la gran corrupción.

Solo entonces la presidencia imperial se haría sentir. Un país con dos poderes del Estado debilitados, con un sistema de justicia en entredicho, con un estilo populista de hacer política y con una larga tradición de cesarismo antielitista está preparado para liquidar a su clase dirigente y transformar el momento jacobino en una revolución permanente. Así es como se crean las dictaduras perfectas, las dictaduras institucionalizadas en un híper presidencialismo que sojuzga toda oposición y establece un sistema monolítico de poder.

Si la corrupción es el pretexto, el instrumento (por afianzar) es el nuevo Estado de Bienestar. Para ello sería imprescindible batir, como un escollo final, al empresariado y al pequeño emprendedor capitalista, reformar la Constitución (o desfigurarla hasta hacerla irreconocible) y crear una nueva clase dirigente que sostenga al nuevo régimen.

Felizmente, cualquier intento de refundación del Estado sobre la idea de la presidencia imperial tendría que destruir lo que queda de República en el país. Cosa difícil, porque en los bicentenarios los republicanos suelen multiplicarse.

Martín Santiváñez Vivanco es Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra.