¿Quién quiere destruir la Constitución de 1993?

Detrás de toda construcción política existe una ideología. El liberalismo clásico que da origen al Leviatán liberal es una ideología que bebe de diversas fuentes. La idea de soberanía de Jean Bodin, el concepto de libertad protestante de Lutero, el pensamiento ilustrado de Locke y Montesquieu, etc., todo confluye para crear el primitivo Estado-nación que se transformaría con el tiempo en el paradigma político de Occidente. El liberalismo, en tanto ideología, logra consolidar su creación materializando una ficción técnico-jurídica: el Estado se autocontrola, el poder es capaz de frenar al poder.

Distinto es el equilibrio en el pensamiento clásico donde la díada auctoritas-potestas sostuvo al modelo republicano. Pero toda ideología está fundada en ficciones más o menos efectivas y, en este sentido, el liberalismo ha logrado promover la idea de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial conviven de manera armónica autorregulándose de manera perpetua. Esto, como es evidente, causaría perplejidad en la Roma republicana, donde siempre se defendió que la auctoritas tenía como deber limitar los excesos de la potestas. La ficción de la autorregulación encontró muy pronto detractores; pero nada como la historia peruana, ese cúmulo caótico de fracasos y traiciones. Nuestra historia es un ejemplo perfecto del carácter ficticio de la premisa liberal: aquí nada se autorregula, nada se controla y cuando se busca el equilibrio estalla la guerra política con el fin de alterar el sistema.

Sin equilibrio de poderes no existe el Estado liberal. Sin frenos y contrapesos, no hay Estado de Derecho. La Constitución encarna el contrato social del liberalismo y de allí su importancia para la construcción del orden político. La destrucción de la Constitución equivale al aniquilamiento de la ideología subyacente al sistema, el liberalismo. Este extremo ha sido rápidamente interpretado por el radicalismo izquierdista: liquidar la Constitución del 93 es un punto esencial en su estrategia de poder. La destrucción de la Constitución garantiza el cese del modelo económico peruano y la superación dialéctica del momento liberal-conservador construido a partir de 1993.

Por eso, el radicalismo izquierdista apuntó en un primer momento a destruir la alianza entre la derecha empresarial y el centro derecha popular, apoyando a Kuczynski. Rota esa alianza, la izquierda radical avanzó en su estrategia gramsciana de penetración estatal. Con amplios sectores bajo su influencia, la izquierda se prepara para el golpe formal y definitivo: la superación dialéctica de la Constitución liberal-conservadora que ha dado estabilidad al país por varios años. Enterrar el 93 permite inaugurar un nuevo episodio nacional bajo la hegemonía de otra ideología: el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y el lulismo atenuado por la larga militancia pragmática. La vieja matriz marxista no ha cambiado, solo el estilo, la táctica. Lo que Sendero Luminoso no pudo conseguir (la destrucción del Estado liberal), el radicalismo gramsciano lo está a punto de alcanzar, capturando el poder mediante la infiltración institucional. No es desborde popular, es infiltración selectiva institucional. Sin embargo, ¿de qué vale anunciar la catástrofe, si vivimos en el país de Casandra?