Pueblo, Gobierno y Constitución

El pueblo peruano debe aprender que el camino hacia el desarrollo no es el sendero “luminoso” de las revoluciones incendiarias. El camino hacia el desarrollo es la vía del respeto a las instituciones. Se trata, como es evidente, de una pista lenta, aburrida, que debe recorrerse cuidadosamente, despacio, meditando cada curva traicionera, desconfiando de los atajos y de las luces de neón.

Ciertamente, muchos países deben sus transformaciones institucionales a la personalidad excepcional de algún predestinado para la política. Pero no es el caso del Perú actual que atraviesa una de sus peores crisis políticas, inflamadas por un cartel mediático que no comprende que lo propio del periodismo es vigilar desde la independencia a los poderosos.

Por eso, ante la ausencia de instancias de control, es preciso recordarle al pueblo que las instituciones son la clave del desarrollo, no los populismos destructores del Estado de Derecho. El pueblo, si no es dirigido adecuadamente, se transforma en una turba

peligrosa que solo se sacia con sangre. Este ha sido el gran objetivo de todos los jacobinismos revolucionarios y así el gran grito jacobino ha vuelto a ponerse de modo en nuestra tierra: “¡que se vayan todos!”.

Basta con escudriñar la historia del terrorismo radical para comprender que detrás de ese grito de indignación existe todo un plan para reemplazar a la clase dirigente por una nueva elite revolucionaria. ¿Alguien puede permanecer impávido ante semejante amenaza? 

Urge recordarle al pueblo que es preciso que se haga responsable de sus decisiones. Malcriamos a la población si la animamos a incendiar el país basándonos en las encuestas. La clase dirigente se queja del pueblo y lo desprecia, pero es incapaz de conducirlo porque cuando surge un momento revolucionario, en vez de dirigir la ira popular hacia el cauce constitucional, anima al radicalismo jacobino señalándole el camino de la Bastilla.

Jugar con fuego es propio de pirómanos populistas, no de líderes que respetan las instituciones. Los gobiernos tienen una misión política: resguardar el Estado de Derecho y solucionar las necesidades del pueblo, evitando el radicalismo y ejerciendo una sana pedagogía republicana.

El gobierno y la clase dirigente de un país deben de ser los primeros, repito, los primeros que invoquen a la ciudadanía a respetar los plazos institucionales y, llegado el extremo de emergencia nacional, a poner en marcha los mecanismos que señala la Constitución. Es ella la que nos separa de la jungla. Por eso, no basta con proclamar juramentos democráticos.

El peor remedio para una sociedad enferma es el adanismo político, el "que se vayan todos!" de los radicales, que lo que pretenden es pescar en río revuelto e imponer una nueva Constitución que siente las bases del chavismo populista. 

Grave responsabilidad la de la clase dirigente. Pesada carga la que toca asumir ante el creciente populismo que desprecia las instituciones y prefiere el vano aplauso de las encuestas. 

Los republicanos nunca debemos olvidar que el Perú no se gobierna por encuestas. Solo se puede gobernar desde la Constitución.