Los entuertos económicos del Gobierno

El Gobierno ha salido a promocionar su paquetazo tributario, pero el sustento se resume en que el Estado es ineficiente. Efectivamente, hay consenso en ello; por lo tanto, debería promoverse una mayor participación del mercado. Es decir, menos impuestos y regulaciones absurdas que alientan la corrupción. Porque, como bien saben los emprendedores, cada regulación representa “un peaje” que dificulta el fortalecimiento del mercado interno, así como de los consumidores.

¿Qué debería hacer el Gobierno? Fomentar el incremento de la producción y el fortalecimiento de la productividad para generar mejor empleo y más calificado. Y también ampliar la oferta comercial mediante incentivos que permitan contrarrestar el efecto negativo que representará una eventual caída de las cotizaciones de nuestras principales exportaciones. 

Algunas autoridades económicas parecen olvidar que los países compiten entre sí para atraer inversiones, con la finalidad de reducir la pobreza de sus respectivas naciones. También olvidan que se debe incrementar la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria y la formalización de la economía; sin embargo, lo único que parece ocurrírseles es que los mismos paguen más.

¿Así se piensa reducir los niveles de pobreza? Pues, no lo van a conseguir. El Gobierno está reduciendo el déficit fiscal como producto de los mayores ingresos de la minería, no por implementar mecanismos que mejoren la eficiencia de los servicios prestados a la población.

Los responsables de conducir la economía podrían generar empleo masivo si generan incentivos tributarios a la reinversión de utilidades –aprovechando el ciclo de precios altos de los metales–, tal como hacen los países que desean que su población fortalezca su calidad de vida, en lugar de promover la formación de largas colas a la espera de un eventual bono que no satisface ninguna de sus necesidades básicas. 

Cuando se les pide a las mineras “compartan un poquito más”, se quiere proyectar a la ciudadanía que el minero es egoísta, lo cual es totalmente falso. ¿Acaso no fueron la ciudadanía y sus empresarios mineros –principalmente– quienes atendieron la emergencia sanitaria del COVID-19, mientras el Estado se oponía a que los privados importen vacunas? Cabría preguntarle a la población si desea un bono o un puesto de trabajo. Les aseguro que quienes se encuentran desempleados o subempleados (ganando por debajo del sueldo mínimo y sin derechos laborales) preferirán la segunda opción, que es por la que apuestan los mineros formales, y los emprendedores de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Tengamos presente que el Estado no produce dinero. Somos los privados quienes pagamos sus gastos (eficientes, ineficientes y hasta corruptos).

Por otro lado, la propuesta demagógica de reducción de sueldos del sector público siempre será contraproducente porque aleja a los más eficientes, cuando lo que se requiere es la mejora sustancial de los servicios públicos mediante la meritocracia. No obstante, parece que la actual administración la soslaya. Para muestra tenemos el caso de la evaluación del magisterio, o la reapertura de ciertas universidades cuya calidad educativa fue puesta en cuestión por la Sunedu.

El mecanismo de “Obras por Impuestos” (OxI) es positivo. El sector privado participa de él, sin embargo, en la mayoría de los casos existe un desfase entre los valores estimados en los perfiles de los proyectos respecto de los que arrojan los respectivos expedientes técnicos. La mayoría de los perfiles fueron elaborados cuando el tipo de cambio estaba más cercano a S/ 3.5 y, en la actualidad se encuentra en S/ 3.97; es decir, un desfase superior a 13%. A ello hay que añadirle el costo indispensable que representan los protocolos sanitarios como consecuencia de la pandemia. Elevar el actual margen establecido entre perfiles y expedientes hará viable que muchos otros proyectos se concreten.

Del mismo modo, podría promoverse el mecanismo de OxI para construir más de 300,000 viviendas básicas para aquellos compatriotas que se encuentran en situación de extrema pobreza. Sobre todo, en las zonas donde existen conflictos sociales, generados convenientemente por quienes esperan lograr algún ventajoso contrato. Eso se denomina extorsión, lo cual no debería ser tolerado por el Estado y menos promovido por ciertas instancias.