Llegó la hora de los técnicos peruanos

La importancia de la educación técnica en los países industrializados, después de la última gran Guerra Mundial, fue de tal magnitud que permitió renacer de la devastación a varias naciones. Como Japón, que es hoy una de las potencias industriales más prósperas y potentes en la actualidad. Estados pequeños como Taiwán, Corea del Sur, Indonesia y Singapur, compiten hoy en adelanto tecnológico con gigantes como China Popular, Unión Soviética, Estados Unidos y Alemania.

Sin embargo, en el Perú —lejos de avanzar— hemos retrocedido. Según informaciones estadísticas, más del 75 % de nuestros institutos técnicos forman profesionales de mando medio, no requeridos para el mercado laboral. Muchos imparten enseñanza en corte y confección, peluquería, cosmetología, panadería y gastronomía, sin desmerecer a algunas profesiones que existen y son de gran prestigio.

Lo que hoy el país requiere, con urgencia, son técnicos en mecatrónica industrial, mecatrónica automotriz, mantenimiento de maquinarias de planta, automatización industrial, tecnología mecánica y química industrial, entre otras, para satisfacer las cada vez mayores necesidades de la industria, la minería, la siderúrgica, la pesquería, la avicultura y la agroindustria, que hoy se ha convertido en el boom de nuestras exportaciones.

Esa mano de obra faltante —que hoy requiere el empresariado— podría fácilmente incorporarse al enorme mercado laboral no abastecido y constituirse en un factor de rápido desarrollo en el país. Hoy el Senati y el Tecsup —por mencionar a dos de los institutos más prestigiosos del país— ofrecen técnicos mejor capacitados y se desarrollan gracias al apoyo de la empresa privada, que aporta económicamente para su funcionamiento. Sin embargo, antes existía, como baluarte y modelo de dichos institutos tecnológicos en el país, el Politécnico José Pardo, de donde egresaron miles de promociones de tecnólogos que influyeron y permitieron la modernización de la empresa peruana.

Esos esfuerzos hay que redoblarlos. Y es el Estado el llamado a impulsar leyes y dotar de infraestructura material y tecnológica a las instituciones que se encuentran bajo su jurisdicción, ya que este esfuerzo es fundamental para asegurar el desarrollo de nuestro país. En el caso de los institutos privados —surgidos en forma indiscriminada durante los gobiernos de Alan García Pérez y Ollanta Humala— el Ministerio de Educación debería hacer una evaluación técnica y pedagógica, ya que muchos de estos se han constituido en una verdadera estafa para los jóvenes y sus familias, muchos de ellas de escasos recursos.

Ojalá que el proyecto presentado por la congresista fujimorista Rosa Bartra sea debatido con criterio técnico en el Congreso. Requerimos de una ley que verdaderamente promueva la implementación de institutos tecnológicos acordes a nuestra realidad y que respondan a las expectativas de los jóvenes, para así evitar que la izquierda irresponsable utilice esta importante iniciativa para fomentar el caos y el desorden en las calles del país.

En efecto, la iniciativa de la parlamentaria fujimorista tiene aspectos muy positivos; sin embargo, existen otros que requieren ser perfeccionados para darle mayor claridad. Para que esto ocurra es fundamental que la política no obstaculice el debate y que la concertación sea la herramienta para arribar a acuerdos en un aspecto que es muy técnico e importante para el desarrollo del país. Para ello el Congreso debería considerar la opinión de los empresarios, así como de los diferentes actores del quehacer económico del país, que son los que verdaderamente conocen las necesidades laborales que tiene cada uno de los sectores que representan.

Requerimos de una ley que responda a las necesidades reales de empleados y empleadores. Y para ello la clave es el desarrollo de un diálogo amplio, alturado y realista, en el que los medios de comunicación intervengan con criterio constructivo. Y no como irresponsablemente lo hiciera el diario La República, que en su primeras página calificó a priori al proyecto como una “ley esclavizante”.