¿Llegará al Perú el entusiasmo reformista argentino?

El resultado electoral del domingo pasado en Argentina ha desatado euforia en los predios liberales. Los adeptos de Javier Milei piensan que se puede convertir en el gonfalonero de un reformismo que se paralizó en la década de los noventa, y que al comenzar el nuevo milenio se propusiera lo que se denominó las reformas de segunda generación o post Consenso de Washington. Una teoría que apunta a reforzar la institucionalidad en lo administrativo, político, judicial, social y económico. En este último tópico se puso énfasis en la privatización de las llamadas empresas estratégicas. 

En el caso argentino, en términos reales, de lo que se trata es de empezar por el segundo debut de las reformas de primera generación: estabilidad macroeconómica, retorno a las ideas primigenias de la regulación en los servicios públicos y privatizaciones. En la segunda temporada privatizadora el caso de la hidrocarburífera YPF se tornará emblemático y problemático.

YPF hoy tiene ambivalencias por dos razones: 1) posee ingentes reservas hidrocarburíferas, entre las cinco primeras en el mundo para producción mediante fracking. En número de veces respecto a las reservas de nuestro país, son de 62 en gas natural y 82 en petróleo crudo; y 2) la situación complicada que vive por la sentencia que la obliga a pagar 16,000 millones de dólares (MMUS$), por la estatización en mayo del 2012, en el gobierno de Cristina Fernández. Por el momento se ha paralizado el embargo por una medida judicial en Estados Unidos. 

De ir viento en popa las medidas que implemente el nuevo gobierno del país de La Plata puede generar incentivos en la región para reactivar las transformaciones estructurales. En el caso peruano, sería aplicable por lo menos a la participación privada en gestión e inversión. Hay tres temas que requieren un urgente cambio de rumbo por haberse convertido en males endémicos: EsSalud, Sedapal y Petroperú. 

En EsSalud, siendo el sector privado el aportante del 67% de los ingresos, corresponde que la gestión esté a cargo del sector empresarial, manteniéndose la conformación del directorio tripartito: gremios empresariales, gremios de trabajadores y representantes del gobierno. Solo así se podrá intentar un cambio en la pésima atención al asegurado. 

El pésimo servicio en Sedapal no podrá ser revertido con manejo gubernamental, porque la falta de cuadros técnicos en los partidos políticos deviene en amiguismo en la designación de los cargos directivos y gerenciales. Hay la experiencia suficiente en temas regulatorios para plantear un esquema atractivo para inversores y usuarios. 

Finalmente, el caso Petroperú con su elevado endeudamiento de 8,000 MMUS$ (3,500 de corto plazo y 4,500 de largo plazo), no puede seguir dependiente de los apoyos de la caja fiscal. Hay legislación (Ley 30130) desde hace 10 años para vender el 49% de acciones, y con un buen diseño contractual se le puede dar facultades de control al inversionista que ingrese. La petrolera estatal, por gestión deficiente y dispendiosa, se ha reducido a tener una cuota de mercado del 27%. 

Cuando se menciona la privatización de Petroperú inmediatamente se habla de soberanía y seguridad energética. Para validar la afirmación hay que usar como unidad de medida variables de energía (Tera Joules). En estos términos, los combustibles líquidos representan el 48% de la demanda total de energía, y el componente de producción con insumos locales hace que represente tan solo el 6% de la matriz de la demanda de energía al consumidor final. Es decir, que la petrolera no tiene un rol estratégico, ni volumétrica ni energéticamente.

Es hora de que la clase política y los agentes económicos que creen en la participación privada inicien una cruzada por las tres empresas mencionadas. El momento es propicio. Al igual que al inicio de los noventa, la percepción ciudadana es de hartazgo sobre las empresas y entidades estatales.