Lecciones de economía en el Congreso

Contrariamente a lo que muchos imaginaban, la interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, se convirtió en realidad en una intensa capacitación de dos días, sobre algunos fundamentos de economía, para una mayoría del Congreso que no conoce sobre temas medulares de esta materia. Algunos parlamentarios, en su desesperación por la consistente argumentación de la titular del MEF, no tuvieron otro recurso que apelar al insulto, como disfraz para ocultar su profunda mediocridad. 

Uno de los temas centrales fue la relación entre el funcionamiento del Banco Central de Reserva (BCR) y cómo se activan los recursos del programa Reactiva Perú, a través de los bancos privados. En el imaginario de una mayoría del Congreso, algunos pensaban que el Gobierno dio los recursos directamente a los bancos privados, y otros creían que se los daba al BCR para que este se lo entregue a los bancos y estos, a su vez, provean de créditos a las grandes, medianas y pequeñas empresas. Pero el asunto no parece un tema de simples sumas y restas, sino de operaciones más sofisticadas propias de una economía social de mercado, diferente a una economía estatista, donde el Banco Central suele ser manejado directamente por el Gobierno y el poder político. 

Los parlamentarios se jalaban los pelos cuando la ministra explicó, en dos oportunidades, con peritas y manzanas, como en el colegio, que el MEF no le presta directamente a ninguna empresa, sino que es la banca privada la que provee créditos a través de un complejo sistema de utilización del encaje bancario por acción del BCR. ¿Cómo opera este mecanismo? Como se sabe, todos los bancos privados tienen la obligación de depositar contablemente un monto del total de los depósitos bancarios y de cajas municipales a esa entidad que goza de plena autonomía. Este porcentaje llamado “encaje bancario” puede variar entre el 7%, 5% o 3% del total de los depósitos bancarios. Cuando el BCR libera fondos, rebajando el porcentaje del encaje, los bancos pueden hacer uso de miles de millones de soles para dar créditos a las empresas privadas. Este es el fundamento del programa “Reactiva Perú” que permitirá liberar hasta S/ 60,000 millones, para que las entidades financieras puedan prestar hasta 10 millones de soles a cada una de las empresas para pagar planillas y proveedores y evitar la paralización de la cadena de pagos. En este caso, el Gobierno actúa como garante sobre el 80% del crédito, en el caso de las empresas grandes y hasta por el 98% en el caso de pequeñas empresas. 

El requerimiento de encaje se define como las reservas de activos líquidos que los intermediarios financieros deben mantener para fines de regulación monetaria por disposición del Banco Central. Esta entidad establece que las entidades financieras mantengan como fondos de encaje un porcentaje de sus obligaciones, tanto en moneda nacional como extranjera. Estos fondos de encaje pueden constituirse bajo la forma de efectivo, que se encuentra en las bóvedas de las entidades financieras, y como depósitos en cuenta corriente en el Banco Central. Es de esos fondos de donde provienen los recursos para el programa Reactiva Perú, pero, hasta el lunes pasado, parece que lo parlamentarios lo ignoraban. 

Según el portal del BCR, al 8 de setiembre de 2020, un total de 439,300 empresas de todos los sectores económicos recibieron créditos de Reactiva Perú, de las cuales el 98% (429,731) son micro y pequeñas empresas (mypes) que se beneficiaron de tasas de interés históricamente bajas. Estas cifras también desmienten la campaña de un sector de la oposición, según la cual, solo se habría beneficiado a las grandes empresas. El monto colocado acumulado a la fecha, representa el 82% de los recursos de la segunda fase de Reactiva Perú, ahí donde vienen participado 28 entidades del sistema financiero: 9 bancos, 10 cajas municipales, 7 financieras y 2 cajas rurales.

En consecuencia, el BCR no le presta directamente ni al MEF ni a ninguna empresa, dinero contante y sonante, sino que utiliza la potestad constitucional de tener un porcentaje del total de los depósitos bancarios, llamado “encaje bancario”, bajando sus montos y haciendo atractivo el programa Reactiva Perú para los bancos, en vista que el Gobierno central actual como aval de dichos préstamos. 

Frente a esta consistente argumentación, una afiebrada parlamentaria gritó: ¿De quién es la plata del BCR? ¿De quién es ese dinero, no es de todos los peruanos? Y para nueva sorpresa de los parlamentarios, la ministra de Economía apeló al artículo 82 de la Constitución señalando que, basándose en su autonomía, los recursos que los bancos depositan como encaje en el BCR, no pueden servir para prestar dinero al Estado porque está prohibido. Esto quiere decir que, para preservar la estabilidad económica el BCR no puede prestar dinero al fisco, ni directamente a los bancos. Eso explica también por qué esta entidad bancaria de derecho público es la que maneja las reservas internacionales peruanas, precisamente para evitar el despilfarro o su uso discrecional como ocurrió en el pasado. 

La irrefutable argumentación de la ministra desbarató, además, el recurrente argumento de un sector de la oposición parlamentaria, que la acusaba de favorecer directamente a las grandes empresas y perjudicar a las pequeñas empresas; como si tuviera el poder de digitar los préstamos, algo que solo puede ocurrir en regímenes totalitarios o estatistas como el de Nicolas Maduro en Venezuela. Es como si los gerentes de los bancos privados fueran títeres del Gobierno nacional, algo que es impensable en nuestro ordenamiento jurídico. 

A la ministra Alva se le pueden achacar varios errores en el manejo económico del país en plena pandemia: lentitud en el destrabe de diversos proyectos de inversión, falta de capacidad para disminuir la tramitología para promover la inversión privada, entre otros. Ella misma, ha reconocido esos errores frente al hemiciclo que la interpeló. Pero resulta infantil acusarla de manejar directamente los créditos del programa Reactiva Perú, como si fuera una acción directa del Gobierno. 

La interpelación lo único que ha demostrado es mucha ignorancia de los parlamentarios en temas económicos. Tanto es así, que el plan orquestado para censurar a la ministra Alva ha terminado por desarmarse, aunque uno nunca sabe qué decisión final se tomará. En cualquier escenario, para un amplio sector de la población un intento de censura resulta irracional.