Las voces de los inocentes

¿Cómo consolar a una madre devastada por el dolor de perder a una hija en manos de un desalmado violador? ¿Cómo callar los reclamos de un pueblo enardecido ante una justicia indolente y permisiva? No hay palabras ni promesas que puedan calmar tanto dolor, ese dolor que nos abre los ojos y nos hace ver a la ley como un pedazo de papel que lo aguanta todo y no sirve para nada. Cuántas veces se ha reformado el Código Penal para endurecer las penas en casos de violación, cuantos debates se llevaron a cabo para que existiese la Ley N° 30364, cuántas reformas del Código de los Niños y los Adolescentes, cuántos protocolos de atención a víctimas se ha trabajado con la Policía y el Ministerio Público?.

No está funcionando el sistema de prevención y sanción de la violencia, y estas son las evidencias: comisarías que no llevan un registro de las personas que entran y salen, que no tienen cámaras de vigilancia y en las que no reciben la denuncia de desaparición de un menor de edad antes de las 24 horas, citas demoradas para pasar por examen médico legista después de las 72 horas, fichas de valoración de riesgo que no son llenadas por los operadores de justicia al momento de recibir la denuncia, medidas de protección otorgadas sin considerar aspectos fundamentales que revelan la vulnerabilidad de un menor de edad, ausencia de un registro de agresores que posibilite un sistema de alerta temprana.

Desde el 2011 contamos con la Ley N° 29685, que surge frente a la tragedia de la desaparición del niño Bruno Rodríguez Rojas, cuya finalidad es que la policía reciba y tramite de forma inmediata la denuncia presentada sobre desaparición de niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad física, mental o sensorial. Sin embargo esa ley no solo no la aplica la misma policía, sino que no se difunde a la sociedad. Tal parece que los peruanos no internalizamos nuestros derechos ni los exigimos en las instancias pertinentes. No sabemos que podemos denunciar al policía que se niegue a recibirnos la denuncia, no sabemos que hay un sistema de alerta temprana que se activa ni bien la presentamos, comunicándola de manera inmediata a la Dirección de Defensa Nacional y Control de Frontera, a la Dirección de Protección de Carreteras, a la Dirección de Seguridad Aeroportuaria y al Serenazgo Municipal.

Pero no solo son niños que desaparecen, también son niños y niñas víctimas de violación sexual. Un 76% del total de víctimas de violación son menores de edad, el 40% de sus agresores son del entorno familiar cercano y el 78% de las víctimas conocían al agresor. La cifra que no tenemos son cuántos de estos niños callaron por mucho tiempo y cuántas madres de las víctimas o parejas del agresor lo justificaron, cuántos de nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a defenderse, a nunca callar un golpe, un tocamiento, un acercamiento inusual, cuántos hemos hablado con nuestros hijos de su sexualidad, que su cuerpo es sagrado, que sus partes íntimas no las toca nadie —ni su padre, ni su tío, ni su hermano—, cuántos abrazamos a nuestros hijos todos los días y le preguntamos cómo les fue, si todo está bien.

Hasta que no entendamos que todos —Estado, sociedad y familia— somos parte importante y comprometida con la prevención, el círculo de la violencia no cerrará. Si no somos nosotros como ciudadanos los que fiscalizamos y exigimos acción rápida a los operadores de justicia, las muertes de Jimena y Bruno serán en vano, y eso no podemos permitirlo. Las voces de los inocentes piden ser escuchadas. Hagamos que se escuchen.