Las reformas en perspectiva

Nuestro país tiene una economía abierta al mercado, y con ello una alta dependencia del entorno económico internacional. La economía global, en especial la de nuestros socios comerciales relevantes, viene presentando una situación muy favorable en cuanto a su comportamiento económico; sin embargo, estos vientos favorables no resoplan con la misma consistencia en nuestra economía.

Los datos de la economía internacional nos muestran la siguiente evidencia: China, nuestro principal socio comercial, crece a un ritmo de 6.5% y con perspectivas de mayor crecimiento; lo mismo ocurre con EE.UU., nuestro segundo socio comercial, que presenta un crecimiento de 2.5%. India —país con el que se viene negociando un acuerdo comercial— presenta un crecimiento superior al 7%, y la economía global en su conjunto crece al 3.5%. En este escenario los minerales presentan un comportamiento muy positivo en cuanto a su cotización, en especial los metales que exportamos —cobre, oro y zinc, entre otros—, que han elevado sus cotizaciones en 50% respecto de los precios del 2016.

Pero ¿cómo se refleja este entorno favorable en nuestra economía, en especial en el plano de la erradicación de la pobreza y de la generación de empleo? Para responder esta interrogante recurrimos a la data elaborada por Apoyo, en el marco de sus perspectivas para el país de cara a la gestión que asume Martín Vizcarra. Las cifras señalan que aproximadamente 250,000 personas han salido de la pobreza en el 2016, frente a más de un millón de personas por año en el periodo 2006-2010. Con relación a la clase media, se evidencia que ese sector de la población se engrosaba en promedio con más de 150,000 personas al año en el periodo 2012-2014; pero para el periodo 2015-2017 este crecimiento se ha reducido a 60,000 por año.

Finalmente, de los más de 16 millones de personas incorporadas a la PEA, solo cerca de un millón están en el régimen de contratos a plazo indeterminado, otros dos millones cuentan con contratos a plazo determinado, además con alta rotación. Y todos los demás pertenecen al mercado laboral informal, que desde fines del 2016 se ha incrementado en dos puntos porcentuales, superando actualmente el 74%. Una situación absolutamente crítica, pues la economía de los peruanos de a pie se mide por las oportunidades laborales que presenta el mercado, lo cual se resume en que el desempleo tiene actualmente una tendencia creciente.

Todo esta explicación de lo que acontece en la economía internacional y la evidencia de la pérdida de una gran oportunidad de apostar por un mayor crecimiento —y sus consecuentes efectos positivos de generación de empleo, crecimiento de la clase media y reducción significativa de la pobreza— vienen aparejadas por la falta de visión de nuestras autoridades para emprender aquellas reformas que resultan imprescindibles para encaminar hacia un real desarrollo al Perú.

Por ejemplo, habría que mencionar la iniciativa legislativa aprobada por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, en mérito de la cual se pretende incorporar a más de 500,000 empleados del sector público al régimen laboral del D. Leg. N° 728, lo cual conllevaría un incremento del déficit fiscal —de forma automática— en más de un punto porcentual. Esto produciría un déficit cercano al 5%, considerando que las proyecciones del MEF y el BCR señalan un déficit de 3.5% del PBI para el presente año, y que no presentan perspectivas positivas para los siguientes dos años. 

Sin duda, con un déficit cercano al 5% se afectaría de forma muy seria nuestros indicadores macroeconómicos —que tanto esfuerzo ha costado mantener los últimos 25 años—, con las implicancias de incremento en las tasas de los créditos internacionales del que somos receptores en el sector público, pero de forma especial en el sector privado. 

Además estas cifras implicarían el alejamiento de la inversión privada, principal motor de nuestra economía, así como el ingreso en una vorágine de problemas económicos. Ese parece ser el objetivo principal de la izquierda peruana, para luego señalar que los problema se derivan del modelo económico que tanto atacan. Pero queda claro para la gran mayoría de los peruanos que ese es el modelo a seguir y que, sin duda, requiere de ciertas reformas puntuales.

El problema de los CAS es inmenso en el sector público, pero su pase al régimen del D. Leg. 728 no es la solución. No existe la posibilidad de que el Estado albergue a la inmensa cantidad de trabajadores contratados en forma permanente. Alguna fórmula habrá que idear, que pondere el acceso a la carrera pública y la meritocracia. Desde nuestro escaño seguiremos en la brega de lograr las reformas que nos encaminen al desarrollo, que no es lo mismo que pensar solo en el crecimiento.