Las reformas en la campaña

Reflexiones para enriquecer la agenda electoral del 2016

Algunos de mis amigos de la izquierda ilustrada local saludan que temas como el de las AFP, los intereses bancarios y la relación minería/comunidades (planteados por Alan García, dicho sea de paso) formen parte esencial del debate en la campaña, en tanto permiten “cuestionar el modelo” y hacer replanteamientos.

Diré que coincido con el objetivo: hay sectores y mercados que requieren cambios para corregir desequilibrios y brechas, mejorar la competencia, beneficiar a usuarios y consumidores, y por ende, contribuir al crecimiento y el desarrollo. Es más, coincido en que algunos de los rubros señalados por García efectivamente claman por reformas (caso del sistema previsional y el logro de formas más eficaces y sostenibles de promover nuestras industrias extractivas, en especial la minería).

Pero discrepo abiertamente (muy a mi pesar, porque quién podría estar en desacuerdo en que una campaña es el escenario ideal para discutir este tipo de temas) en que el clima electoral sea la mejor plataforma para hallar soluciones racionales, técnicas y de largo plazo.

Lamentablemente, y por la sencilla razón, de que las “soluciones” de los candidatos no pasan de ser aspiraciones de la mayoría de votantes, “la tierra prometida” o un esfuerzo empático por decir lo que la gente quiere escuchar.

Pondré como ejemplo el tema de las AFP. El modelo actual es limitado, aún ineficaz y algunos lo podrán considerar poco equilibrado e injusto. Pero la verdad políticamente incorrecta  es que ello obedece a errores en la regulación, al reducido alcance del sistema producto de que somos aún una economía informal y pequeña,  y a que finalmente el fondo previsional ha terminado sirviendo para múltiples propósitos de financiamiento y ahorro interno antes que a la protección del pensionista o afiliado.

La salida, también políticamente incorrecta, es una reforma integral del sistema que no será gratuita, tendrá una serie de costos a ser compartidos por TODAS las partes intervinientes (Estado, AFP, afiliados). Decir eso, o sea la verdad, no es ningún buen negocio para ningún candidato.

Lo mismo se podría decir del caso minero, en especial si hablamos de una reforma en la distribución del canon, donde los “perdedores” no querrán escuchar que lo son. Ni qué decir de un cambio constitucional en relación a la propiedad y uso de los recursos naturales del subsuelo, que hoy le pertenecen a usted que me lee, a mí, al señor que vive en Tumbes y también a la comunidad asentada en el área donde están los minerales, el petróleo o el gas.

Paradójicamente, hasta el momento ningún candidato ha abordado aquella reforma en la que sí hay un consenso casi unánime: la reforma del Estado. Probablemente la más urgente, la más necesaria y la que está más intrínsecamente ligada al mayor o menor o desarrollo del Perú. Pero a su vez, la menos políticamente correcta, la que contiene la factura política más alta por pagar por quien la lidere y ejecute, y la que requiere el mayor de los esfuerzos por un consenso multipartidario. O sea, la que menos votos produce.

Por: Mario Saldaña C (@msaldanac)