Las ilusas proyecciones de inversión privada del MEF

Pesada tarea de sinceramiento de proyecciones le espera al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras. Para empezar, las referidas a las de inversión que fueron publicadas en octubre pasado (DS-242-2022-EF), con el rimbombante título de Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025 (PNISC).

El plan contempla el cierre contractual de 72 proyectos, cuya cuantificación asciende a la suma de 38,585 millones de dólares (MMUS$), casi todos a ser ejecutados bajo la modalidad de “asociación  pública privada” (APP). Eso significa conseguir a inversionistas que diseñen, financien, construyan, operen y transfieran al final de un horizonte de tiempo-usualmente 30 años- la infraestructura construida al Estado, que en la terminología de concesiones se le conoce como proyectos DFBOOT. 

Se da por descontado que la selección del concesionario será por concurso, incluido si se está pensando en acuerdos de gobierno a gobierno (G2G), muy ponderados por lo que se realizó con motivo de los juegos Panamericanos, pero muy poco analizados. La realización de los procesos de competencia, son complejos y requieren comités capacitados, hoy carentes en el aparato gubernamental, lo que es una limitante para conseguir el cierre de contratos hasta el año 2025. 

Adicionalmente a lo señalado, el panorama se ensombrece más aún cuando se observa que en ocho proyectos de los 72 previstos se concentran una inversión por 24,651 MMUS$. Los cuatro primeros que exceden los 3,000 MMUS$, los cito en orden de su cuantía: 1) línea 3 del metro, por 6,141 MMUS$, hace nueve años que se lidia con la línea 2 del metro; 2) SITGAS, por 5,041 MMUS$, que es una herencia trunca desde hace 6 años; 3) Línea 2 del metro, por 4.501 MMUS$, se supone que es la culminación de las obras en construcción hace 9 años; y 4) Carretera Central, por 3,116 MMUS$, con toda la complejidad de las expropiaciones que implica.

Los cuatro restantes para completar los ocho citados, cuyos montos están entre 1,000 y 2,000 MMUS$, son: 5) el anillo vial periférico de Lima, por 1,782 MMUS$, que es una iniciativa privada paralizada hace 5 años; 6) la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, por 1,600 MMUS$, que camina a trompicones; 7) el otorgamiento de una banda de telecomunicaciones-3,000 a 3.800 MHz-, por 1,352 MMUS$; y 8) construcción de las llamadas del bicentenario por 1,118 MMUS$. 

Es más que obvio que estas metas no se cumplirán por tres motivos: 1) como país estamos desacreditados como gestores de concesiones, actualmente tenemos en los tribunales arbitrales del CIADI, 24 demandas en curso; 2) no hay el staff de funcionarios en el Estado que puedan gestionar proyectos complejos como los citados; y 3) por la imagen que estamos dando internacionalmente con el desgobierno, no estamos entre los países elegibles para grandes inversiones. 

Las necesidades existen, pero lamentablemente por las razones señaladas, las posibilidades que el voluntarismo exhibido por el MEF en octubre pasado cuando se publicó el PNISC, cuando ya se vivía en un contexto político nada propicio para la inversión privada, ahora se ha agravado con la convulsión social que se vive. 

Para los inversionistas internacionales lo que llega son noticias catastróficas, la Cancillería ha sido incompetente en transmitir información que contrarreste no solo la narrativa del eje izquierdista de México, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia y Chile: sino también las notas de los corresponsales extranjeros sobre la violencia vivida con 60 muertes, donde hay excesos policiales que no han ameritado investigación alguna. 

Revertir la situación requiere un equipo de gobierno de excelencia que no lo tenemos, mal hacemos en creer que aminoradas las marchas de protestas la situación está controlada. El discurso que manejamos cerca de 30 años que la economía y política caminan por cuerdas separadas se ha terminado.