Las clínicas y la Constitución

Las clínicas privadas tendrían 48 horas para llegar a un acuerdo con el Gobierno para fijar un precio más justo para la atención de los pacientes infectados con el coronavirus. Una decisión tomada ante los múltiples testimonios de personas que han sido atendidas en esas clínicas y que se han endeudado con montos altísimos.

La medida anunciada por el presidente se respaldaría en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que garantiza la inviolabilidad del derecho a la propiedad, excepto por causas de seguridad nacional o necesidad pública. Pero la Constitución también señala que esta medida debe ser declarada por ley, previo pago en efectivo por indemnización, y que existe la posibilidad de recurrir al Poder Judicial sobre el valor de la propiedad que el Estado haya señalado como parte del procedimiento “expropiatorio”.

Los cobros de las clínicas son exorbitantes, estén o no en el rango internacional. Pero quizás hubiéramos podido prevenir este escenario si se construían los 80 centros de salud y hospitales que se ofrecieron en el año 2019, y que serían de gran ayuda en estos momentos. ¿Cuánto nos costaría a todos los peruanos si llega a aplicarse esta medida? ¿Cuántas personas más seguirán muriendo mientras se discute y aprueba la ley?

En el fondo, la medida revelaría la incapacidad de llegar a un acuerdo con las clínicas. Y también sería una manera más de culpar a otros de, lo cual ha sido una constante a lo largo de estos últimos cien días; uno de los más recientes ejemplos ha sido el debate sobre la calidad del oxígeno, tema en el que se buscó la manera de responsabilizar directamente al expresidente Alan García. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, ha declarado para Canal N: “Nunca recibí ninguna indicación, ni sugerencia, ni presión, de ningún nivel del Gobierno en su momento… ese tema nunca lo conversamos (con Alan García)”. 

Hay que notar también que quienes buscan culpar a anteriores gobiernos siempre se brincan el Gobierno de Humala, como si no hubiera existido un gobierno después de Alan García y antes del actual. Persiste, además, la costumbre de lanzar anuncios y medidas con la aparente intención de mantener ocupada o distraída a la opinión pública, insistiendo en el discurso: la culpa es del otro, no mía. Así nos han tenido en el último año, discutiendo y discutiendo sin que se haya hecho nada para la erradicación de la delincuencia, la disminución de la desnutrición infantil, la reducción de la pobreza, que son temas urgentes. 

Imagino que el anuncio –más allá de si se cumple o no– será aplaudido por los mismos que aplaudieron el referéndum, la no reelección inmediata de congresistas, el cierre del Congreso de la República. Ya sabemos quiénes.