La vacuna contra la burocracia

“Se afirma que el sector público se encuentra inmovilizado por ineficiencias y corrupciones, que no es sino un ‘cementerio de empresas no rentables y un despilfarro colectivo’. Pero en vez de llevar esto a la conclusión de que las citadas ineficiencias son el resultado de la inexistencia de un mercado libre y eficaz, se proclama la extensión del Estado a las áreas que hoy permanecen libres de su interferencia. Desde luego, sorprende la imagen invertida que los economistas socialistas tienen de la realidad, máxime si se tiene en cuenta que es un hecho comprobado que las ineficiencias y distorsiones se extienden allí donde el Estado invade esferas que deben reservarse para la iniciativa privada, y que el caso de las economías socialistas, en lo que a despilfarro y caos económico se refiere, es a todas luces patente”.
Jesús Huerta de Soto – Estudios de Economía Política

La corrupción es el estandarte de todo Gobierno, pero esta se hace más flagrante e inevitable cuando las dimensiones del aparato estatal se expanden hasta erosionar todos los aspectos de la actividad privada a través de la coerción y del intervencionismo.

En el año 2019, el Índice de la Percepción de la Corrupción, publicado por Transparency International, situó al Perú en el puesto Nº 36 –en una escala que va del 0 (corrupción elevada) al 100 (sin corrupción)–, esto es, muy por debajo de la puntuación media de corrupción obtenida entre 180 países.

La Contraloría General de la República, en el mes de agosto del año en curso, ha publicado el informe Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria. Una suerte de documento tentativo para medir las dimensiones colosales que ha alcanzado el fenómeno de la corrupción en nuestro país. En el referido texto se expresa, en términos aritméticos, que la corrupción e inconducta funcional del Gobierno general durante el año 2019 habría alcanzado un perjuicio económico extrapolado de S/ 23,297 millones, monto que se traduce en un 3% del PBI de 2019. Una cifra alarmante, si tenemos en cuenta que el monto de la ejecución presupuestal durante el año 2019, según el mismo estudio, fue de S/ 156,278 millones. 

Al respecto, debe precisarse que los datos obtenidos del Sistema de Control Gubernamental de la CGR y del Portal de Transparencia Económica del MEF se basan en resultados de encuestas de percepción y experiencia. Una situación que, sin lugar a dudas, conduce a sesgos metodológicos insubsanables. Sobre este punto debemos recordar el nivel de aprobación que alcanzó el Gobierno de Martín Vizcarra en octubre de 2019. Logró (según las encuestadoras) una aprobación del 75% –tras haber disuelto un Congreso altamente impopular– y siendo apreciado el presidente Vizcarra como una especie de héroe de la nación, inclusive dentro de los sectores más travestidos y pintarrajeados de rojo.

En esta misma línea, a mediados de marzo del año en curso, Vizcarra alcanzó el 80% de aprobación en su momento más álgido; esto es, cuando decidió imponer la ominosa cuarentena –que duró casi medio año– a la población activa, mientras el ganado peruano de orejas largas y vista corta lo aplaudía sin sopesar las consecuencias en el futuro inmediato, como si no existiese un mañana para el país. Desde entonces, Vizcarra ha experimentado una aprobación en declive del 60%, la cual se reduce cada vez más con sus escándalos de corrupción.

Como podrá apreciarse, las opiniones de las masas son demasiado subjetivas y volátiles. Y sobre estas no cabe la posibilidad de establecer ningún indicador fiable. Lo mismo ocurre con sus experiencias anecdóticas sobre la corrupción. Por esta razón, la CGR reconoce, en el estudio en cuestión, que los sesgos metodológicos derivados de las encuestas de percepción y experiencia tienen serias limitaciones, y que lo mejor sería medir la corrupción observándola directamente. Pero ¿cómo medir algo que no se observa a simple vista y se realiza bajo la mesa de las pequeñas y altas esferas burocráticas? 

La lucha contra la corrupción es tan inútil como la lucha contra las drogas. El ingenio humano para afianzarse en la vileza y el oportunismo seguirá mutando hasta alcanzar un nivel de perfección jamás antes visto, amenazando con convertirse en una especie de superdepredador en potencia. Los grandes criminales no son identificados y, por lo tanto, no son procesados ni condenados. Los burriers o mulas son los que van purgar prisión, en lugar de los jefes de los cárteles de drogas. Y los burócratas de baja estofa, son los que la Fiscalía Anticorrupción investiga para hacerse ver a través de la prensa mermelera, pretendiendo convencer a la población de su labor preclara e incuestionable. Mientras que el cabecilla permanecerá en libertad o se fugará a otro país solicitando asilo político. 

Y con tantas críticas, ¿cuál es la vacuna contra la corrupción? “Un burócrata menos, un pan más”. Esta es la consigna y única alternativa del cambio real. Consiste en desmontar el andamiaje estatal hasta que lleguen los días en que no quede un solo burócrata o aprovechador público. Con la muerte del simio bípedo del Estado (alias homo sapiens mendax), se acabó el afán de recolección obsesivo en el sector público. No más compras de equipos, pruebas y vacunas sobrevaloradas so pretexto del estado de emergencia, no más direccionamientos en las adjudicaciones de bienes y servicios estatales, no más sobornos y prebendas en la administración pública, no más parlamentos de ignorantes ni ministerios inservibles ni demás cuevas de ladrones. Alí Babá no debe convertirse en funcionario público nunca más.