La urgencia de los decretos

Conforme van cerrando las cifras del 2019, las cosas se aclaran. Los retos que estas cifras descubren resultan meridianos y para nada desdeñables. Por esto, vayamos punto por punto, sector productivo por sector productivo.

En primer lugar, merece destacarse que –desde la llegada al poder de esta administración (con el encarcelado domiciliariamente Pedro Pablo Kuczynski)– la evolución de los precios promedio de exportación e importación, caminan altos y de la mano. A pesar del enfriamiento global y la guerra comercial chino-estadounidense, no hay mayor deterioro de nuestros términos de intercambio. A alguna caída de las cotizaciones de exportación, la sucede una recuperación. 

Incluso a pesar de los políticamente represivos cambios constitucionales (maquillados con la etiqueta de reformas políticas), del quiebre del ordenamiento jurídico, del continuo de los escándalos de corrupción burocrática y su persecución selectiva, no se han visto afectados severamente los índices atajo del riego país (el margen EMBI peruano). Solamente se han dado una media docena de inversionistas extranjeros que se retiran discretamente (ante los pecadillos de la burocracia local). 

Paralelamente, tanto el anuncio presidencial de que la ley peruana no regirá en el caso del proyecto minero Tía María, como el turbio proceso electoral para seleccionar 130 nuevos congresistas (donde la mayoría no registró un voto válido y la primera minoría apenas embelesó al pingüe 6% del padrón electoral) o las ofertas de nuevos cambios constitucionales con innegables tufillos chavistas parecen alborotar la plaza. Todo esto, solo confirma las mediocres expectativas sobre la plaza en estos tiempos. Muchos observadores han aplicado los frenos y discretamente apuestan a llegar a julio del 2021 sin mayores sobresaltos y –que esta vez– se den elecciones libres, con mejores opciones de gobierno. 

El MEF no luce dando la talla con una receta reactivadora propia de un chamán. Apuesta a la postergación de las inversiones privadas (cuatro quintos del total invertido) y a facilitar inversiones estatales en medio de sucesivos escándalos de corrupción burocrática. Una pócima que no parece funcionar. Tal como cualquier estudiante secundario de un colegio privado, con formación básica en economía, podría haber anticipado. Aquí las cifras de cierre del año pasado muerden:

1. Milagros afuera, sectorialmente las cosas no lucen camino a una recuperación. Con cifras publicadas para el fin del año pasado (noviembre), tres sectores: pesca, minería metálica y procesadores de recursos primarios presentan niveles de actividad en negativo (con contracciones anualizadas al 7%, 4% y 1%., respectivamente). 
2. Tanto el sector agrícola cuanto el pecuario descubren sendas anualizadas en caída. Desde un 11% a fines del 2018 hasta algo más de un 1% a fines del 2019. Con la reciente renovación de la ley –modificada– de promoción sectorial el horizonte es incierto. Aquí solo se confirma esa vieja historia de que la burocracia peruana, siempre que puede se dispara a los pies. Perdón, nos dispara a los pies.
3. La minería local, en recesión sectorial desde hace un año, el anualizado a noviembre cierra al -1.2%. Paralelamente, el agregado del sector manufacturero ya registra un valor negativo al -0.6%.
4. El salvador del año sería el resiliente sector otros servicios, con un crecimiento anualizado de 4%, muy lejano del estable 7% anual del 2011.
5. En fin, se cerraría el año con valores positivos, pero con tendencias claramente decrecientes, en el PBI (+/-2%), los sectores no primarios (+/-3%) y la demanda interna (+/-2%) y con un PBI primario coquetón entre el 0% y -1%.

Sin enfocar aquí las otras complicaciones por el lado del gasto o de las cuentas externas, y ponderando estas cifras y su fracaso, resulta entendible la urgencia de decretar algo. De tratar de transmitir que se está haciendo algo más que jugar a ser un chamán inefectivo y desprestigiado como lo resultaron –con la con la misma receta fiscalista– Castilla, Segura, Cooper, Tuesta o Thorne. Todo esto mientras el directorio del Banco Central de Reserva se luce manteniendo un ritmo inflacionario responsable. El reto de reactivar está, pues, sobre la mesa. 

Dada la traba ideológica del vizcarrato, para impulsar inversiones privadas o reformas de mercado, mostrar una seguidilla de decretos de urgencia distrae a los medios. De hecho, también distrae presentar sendos decretos sobre modificaciones al marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, regular un retorno gradual a la regla de resultado económico del sector público no financiero, financiar planes urbanos con cargo a los recursos señalados en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 30970, o modificar la vigencia del encargo establecido en la única disposición transitoria de la Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, disponer medidas extraordinarias la recuperación de las deudas por aportaciones al Seguro Social de Salud (Essalud), establecer reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, establecer medidas extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan a la ejecución del gasto público en los años fiscales 2019 y 2020; etc., etc. 

Y aunque todas luzcan como iniciativas técnicas y sesudas, dados el desmantelamiento post humalista del modelo, resulta deprimente anticipar su inutilidad para relanzar el momento económico peruano. Y lo más inquietante: sugiere comodidad enviando a la economía nacional hacia una fase de creciente enfriamiento, con una previsible escalada de frustración social. Una antesala ideal si lo que se busca no es reactivar, sino hacer popular un quiebre del Régimen Económico de la Constitución. Un retorno –dizque justificado– al socialismo adorado por los demagogos y mercaderes locales.

Mucho ojo con esto. Tal vez sí saben lo que están haciendo.