La tremenda Corte de Justicia

Desconcierto e indignación son las expresiones que más se adecúan al sentir de los peruanos, luego que la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidiera absolver a Adriano Pozo, acusado de violación sexual y tentativa de feminicidio contra Arlette Contreras, en un hecho que convirtiera a esta joven en un símbolo de “Lucha contra la violencia contra la mujer”.

El nuevo código procesal penal exige la flagrancia para sancionar, pese a lo difícil de encontrarla, debido a que los delincuentes roban y asesinan sin testigos que puedan dar la cara, al convertirse estos en víctimas de la vendetta criminal. Sin embargo, para el caso de Arlette Contreras las cámaras de seguridad del hotel lo filmaron todo, imágenes que fueron propaladas después por TV y en redes sociales. Además estuvieron las declaraciones del personal del hotel y de los miembros del serenazgo, testigos privilegiados del execrable hecho. No obstante, para la justicia de Ayacucho esto no fue suficiente. Hoy Adriano Pozo está libre, pese a la existencia de anteriores denuncias de violencia hacia la mujer en contra de este sujeto, constituyéndose este hecho en un gran escándalo nacional.

Y es que la paciencia de los peruanos llegó a un límite. Los sueldos en el Poder Judicial y el Ministerio Público están en el orden de S/ 18,575 para un juez o fiscal superior, aparte de los S/ 2,000 que reciben por gastos operativos; es decir, están recibiendo los mejores sueldos del Estado. No obstante, tienen un nivel de desconfianza del 64% y del 59% respectivamente, lo cual grafica que los peruanos no creen actualmente en la justicia. El Poder Judicial en Colombia —país muy cercano y con una problemática más compleja que la nuestra— era una de las instituciones más desprestigiadas y desacreditadas del país; sin embargo, luego de una reforma integral del sistema de justicia, hoy cuenta con un 60% de confianza.

Ante esta lamentable realidad, requerimos aplicar una profunda Reforma Judicial, que permita que jueces y fiscales recuperen la confianza del pueblo, y que su accionar sirva para articular el desarrollo armónico de la sociedad. Para ello, es fundamental que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski honre sus promesas y cristalice las reformas necesarias, para contar con un Consejo Nacional de la Magistratura conformado por juristas de altísimo nivel profesional, probos e intachables, responsables del nombramiento de todos los jueces y fiscales del país. Además debería asignárseles las funciones fiscalizadoras y sancionadoras de las Oficinas de Control de la Magistratura (OCMA). Ambas instituciones hoy funcionan dentro del mismo Poder Judicial y del Ministerio Público, respectivamente, convirtiéndose en juez y parte ante situaciones como las ocurridas en los últimos días en Ayacucho, lo que sustenta el actual nivel de desconfianza de la población.

Urge, así mismo, que el Ministerio Público y el Poder Judicial acaben con la provisionalidad de fiscales y jueces, fuente para que delincuentes de alto vuelo, narcotraficantes y malos funcionarios públicos sigan haciendo de las suyas, ya que la negligencia, incompetencia y corrupción en la aplicación de sus fallos, son el pan de cada día. Los futuros magistrados del país deberían ser reclutados y seleccionados de las mejores facultades de derecho del país, para luego ser capacitados en una escuela de jueces y fiscales; un organismo dependiente del Consejo Nacional de la Magistratura donde no solo se brinden profundos conocimientos técnicos de la magistratura, sino también se dote a los magistrados de una conciencia social articulada al desarrollo nacional. Un símil —guardando las distancias— de lo que hoy es la Escuela Diplomática, donde actualmente se forman los mejores diplomáticos del continente.

Este es un tema clave para el futuro del país, que debe ser materia de estudio, debate y de pronta solución en el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y en los foros jurídicos nacionales que correspondan. Los peruanos no podemos esperar más.