La transición que Dina Boluarte necesita

Días atrás, el PCM Alberto Otárola ha dicho en el extranjero lo que se sabe en el Perú: que el Gobierno de Dina Boluarte continuará hasta el 2026. No habrá cambios traumáticos. Todo se mantiene igual. Como en El Gatopardo, todo cambia para que siga igual. El Congreso tampoco se irá porque hay un acuerdo tácito entre el Ejecutivo y el Legislativo de no llevar guerras del fin del mundo, como en las épocas de PPK, Vizcarra y Castillo.

Ahora que sabemos que el Gobierno no se irá, salvo que algo dramático suceda en el mediano plazo, y que hay una relativa paz fría entre Legislativo y Ejecutivo, el Gobierno de Dina Boluarte ha decidido desarrollar su propia transición. ¿Por qué? Lo explico a continuación. 

No obstante, antes de continuar un detalle abona la aproximación anterior. La izquierda no perdonará a Dina en caso de que lleguen a ser Gobierno en el 2026. Como sucedió en Bolivia con Jeanine Añez: vivió su sueño de ser presidenta por meses y luego Arce y el MAS la hundieron en la cárcel como venganza política. Es altamente probable que ello se repita en el Perú con Boluarte. De ganar la izquierda.

Dina y Otárola ya tienen denuncias de algunos de los familiares de las más de 60 víctimas que murieron durante las protestas violentas entre enero y marzo pasado. Aupadas por las organizaciones no gubernamentales, que tienen incidencia en las instituciones extraterritoriales, se reedita la vieja imagen que en su día se hiciera contra el autoritarismo de Alberto Fujimori, acusado por violaciones a los derechos humanos. Lo de Dina, qué duda cabe, no es comparable a lo de Alberto.  

Dina y Otárola necesitan una transición propia para saldar las cuentas con la justicia peruana (que al fin y al cabo es vinculante con las decisiones de los organismos internacionales) sobre las acusaciones por violaciones de los derechos humanos. Por ahora se muestra atenta y cooperativa. Pero el detalle es que la transición que Dina y Otárola se han propuesto en desarrollo no va más allá de los propios objetivos personales. Todo parece indicar que el Gobierno no tiene mayor iniciativa con reformas necesarias –junto al Ejecutivo– para relanzar la economía, la política y la gobernabilidad. 

El hecho es que la pobreza está en más del 27%, y en caso que no se reduzca convertirá a esta –la pobreza– en un actor decisivo en las próximas elecciones. Es casi obvio que la izquierda impugnará el modelo, esta vez con alguna razón. Si no se lanzan reformas el Congreso y el Ejecutivo, liderados ahora por tendencias de centro y de derecha, estarán incubando un escenario perfecto para la aparición electoral de una izquierda que no pierde paso, a pesar de que se diga lo contrario.