La reforma de justicia que merecemos

 

El reciente referéndum fue claro: los peruanos queremos un buen sistema de justicia, un marco legal que nos de previsibilidad e igualdad ante la ley. Todos ansiamos una norma que nos ampare eficazmente. Aprobada entonces la Junta Nacional de Justicia, ¿qué sigue ahora? Pues lo más importante. Bien dicen que en los detalles se esconde el diablo.

En mi opinión, hay tres temas que tienen que analizarse con urgencia: 1) el fortalecimiento de la Academia de la Magistratura, 2) la Oficina de Control Interno del Sistema de Justicia, y 3) generar las condiciones que cambien la estructura actual al marco deseado. Estos elementos vienen ganando consenso en el Congreso, y me siento optimista por la forma en que estas leyes serán capaces de darle sentido al nuevo marco constitucional que acabamos de aprobar. Aquí las explico.

En primer lugar tenemos a la Academia de la Magistratura, que será la piedra angular de nuestro futuro sistema de justicia. ¿La razón? Funcionará como el semillero de nuestros futuros jueces y fiscales. Aquí ratificarán su vocación de vida, tras concluir la carrera de Derecho, pues están optando por algunas de las profesiones más sacrificadas y exigentes en la vida de una sociedad: la de juez o fiscal.

Es cierto que la profesión se ha visto mellada por las malas acciones de algunos de sus miembros, pero pese a todo (la injerencia política, el bajo apoyo en su desarrollo, o la poca aceptación entre la sociedad por su esfuerzo) aún podemos contar con jueces probos y capaces.

La Academia debe imponer un marco largamente exigido por la población: la meritocracia. La lógica popular ya indica que un maestro que no pueda superar tres veces los exámenes de suficiencia magisterial no debe seguir en la carrera. Del mismo modo, los jueces que no puedan superar los estudios que plantee la Academia de la Magistratura no tendrán derecho a ser parte del magisterio de la ley.

La preparación diaria del postulante en la carrera debería ser su único pasaporte para ascender, como lo hace un oficial de nuestras Fuerzas Armadas y policiales que pretende acceder a grados superiores. Las exigencias de la Academia deberán ser similares en ese sentido. Tendrá que retar a sus miembros en la búsqueda de la excelencia en su desempeño.

En segundo lugar, hay que reformular la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). La estructura de esta nueva OCMA debe tener una característica fundamental: la composición y origen de sus miembros. El Perú es todavía una sociedad centralizada y, en relación a su tamaño, pequeña. La tentación del compadrazgo y el nepotismo estará siempre latente.

Casos recientes, de los que hemos podido tomar conocimiento por la revelación de los llamados “Cuellos blancos del puerto”, solo alimentan lo que sospechábamos sobre nuestro Poder Judicial. En esta crisis cobra fuerza la palabra “hermanito”. También nos trae a la memoria la infausta frase: “para los amigos todo, para los enemigos la ley”.

Hoy el presidente de la OCMA es un miembro de la Corte Suprema que deja sus funciones como juez supremo. Puede presidir la OCMA por dos años, tras lo cual regresa a la carrera de la judicatura. Es importante que este periodo se extienda, tal como está previsto en el dictamen que se tiene en el Congreso sobre este tema. Dos años es un plazo muy corto para realizar cambios sustanciales en cualquier institución. Y, por el contrario, los hace más susceptibles a las presiones.

Por otro lado, también es importante que los candidatos hayan dejado de ser jueces al menos siete años antes de postular a este cargo, y que una vez concluidas sus funciones en la OCMA no puedan regresar a la judicatura. De esta manera, alejaremos las posibilidades de “hermanazgos” o favores dentro del sistema de justicia. Es algo que toda la ciudadanía reclama.

También, tenemos que evaluar el control de calidad jurisdiccional de la administración de justicia. Es necesaria la calificación permanente de la actuación de un juez, tanto en la generación de sentencias como en su actuación del día a día. Encontrar la excelencia a través de la meritocracia debe ser la base fundamental en la OCMA.

Tercero, y no menos importante, es revisar la carga procesal que hoy lleva el Poder Judicial. Específicamente en temas administrativos, pues no podemos enfrentar al Estado contra el Estado. Los casos de alimentos, divorcios y temas de familia absorben una importante cantidad del tiempo de la judicatura. ¿Es posible encontrar fórmulas que nos ayuden a aliviar la situación? Sí, y tenemos que pensarlas. Podemos considerar nuevamente el plus petitio, y evitar las demandas temerarias.

Se debe buscar la manera para evitar la sobrecarga del Poder Judicial. En el Perú todo se judicializa, y eso tiene que cambiar. Este es el momento de pensar en un marco ordenado y seguro que aporte estabilidad a nuestro sistema de justicia.

El país, de acuerdo con el BID, pierde “dos puntos porcentuales de PIB cada año” por falta de previsibilidad en su marco y aplicación de justicia. Esto es US$ 3,000 millones. Tomar seriamente esta reforma es fundamental para nuestro futuro desarrollo. Estos temas serán mi prioridad en los siguientes meses.