La paradoja constitucional

Continuamos con nuestra serie dedicada a las paradojas aparentes en torno a los sucesos de noviembre. Ahora nos ocuparemos de la paradoja constitucional, que consiste en considerar que la vacancia de Vizcarra fue inconstitucional pero solo cuando conviene que lo sea, mientras que procesos peligrosamente cercanos a la arbitrariedad y al predominio de la fuerza por sobre la ley son pasados por alto o vistos extrañamente como manifestaciones de “democracia”. 

En medio de la furia contra el Gobierno de Merino podía explicarse que algunos personajes, en medio de una lucha darwiniana por su propia supervivencia, proclamen a voz en cuello que lo que había ocurrido fue un “golpe de Estado”. Puede entenderse también que una figura como Mario Vargas Llosa, cuyos juicios políticos y filosóficos no se caracterizan por lucidez alguna, sino por ser una expresión de visceralidades personales, fulmine la vacancia de Vizcarra como “golpe de Estado”, porque el Congreso “se ha pronunciado de una manera tan absurda y clarísimamente en contra de la Constitución y de la legalidad peruana” porque según esta “un presidente puede ser acusado, pero solamente puede ser investigado al término de su mandato”; mientras que, hace dos años, manifestaba su apoyo entusiasta a la propuesta de vacar a PPK. Parece que la única diferencia entre ambas vacancias era que las acusaciones de sobornos, los múltiples entorpecimientos a la acción de la justicia de Vizcarra son peccata minuta comparados con la suprema herejía de indultar a Fujimori. Poco importa que se trate exactamente del mismo procedimiento parlamentario discrecional explícitamente presente en la constitución y regulado en los reglamentos del Congreso. 

Pero lo que no se entiende es que, pasados estos días de agitación, una figura como Julio Guzmán siga hablando de golpistas, incluso luego de que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. E incluso luego de que, por un idéntico procedimiento al de Merino, su correligionario Sagasti ha llegado al poder. De haber sido la vacancia un golpe y una usurpación, tan usurpador sería Sagasti como Merino, y debería haberse retornado al statu quo supuestamente legítimo de una semana atrás. 

Lo más paradójico de todo es que el uso de una medida presente en la Constitución, y que ya ha sido aplicada anteriormente en su interpretación ética, es vista como un “golpe”, mientras que hacía su aparición una extraña regla no escrita en ninguna parte del ordenamiento jurídico nacional e internacional y absolutamente sin precedentes que limitaba los derechos de la mayoría absoluta de los congresistas –que constitucionalmente no son sujetos a mandato imperativo ni a ningún constreñimiento por parte de poder extrínseco alguno– solo por el hecho de haber votado por la vacancia y los hacía inelegibles para la mesa directiva. De esa manera, las dos bancadas más pequeñas del Congreso acabaron presidiendo el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y a qué se debió esta situación tan anómala? A ningún procedimiento jurídico o constitucional, sino al simple y crudo poder de la fuerza bruta de las masas en las calles. Recordemos que el golpe de Estado no es más que el predominio de la fuerza extralegal por sobre la ley. Y si en estos días ha habido algún fenómeno que se asemeje a un golpe de Estado ha sido este. Más aún, esta deriva extralegal parece hacerse más clara cuando el nuevo Gobierno, al mismo estilo de los viejos dictadores del siglo XX, procede a descabezar la policía al pasar al retiro, contra la ley, a dieciocho generales de un plumazo. 

Pero parece que para nuestros totalitarios disfrazados de catones la democracia no es una cuestión de instituciones y principios generales, sino de personas y afinidades particulares. No solo carecen de la capacidad de abstracción necesaria para ir a los principios, sino que también carecen de principios. 

Decía Bustamante y Rivero que mientras el tirano se debía a sus electores, el demócrata se debía a la ley. ¿Qué diría ahora, cuando tantos no-elegidos basan su poder en la supuesta voluntad de las masas expresada en la violencia callejera o en encuestas de dudosa procedencia?