La ONU y el uso legítimo de la fuerza por el Estado

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de requerir del Estado peruano información detallada sobre las denuncias de violación de derechos humanos en el caso de los más de 60 muertos durante las protestas surgidas luego de la asunción al poder por sucesión presidencial de Dina Boluarte. Pareciera que los altos funcionarios de las Naciones Unidas no han comprendido –por más que usen el verbo exhortar– que la organización no tiene prerrogativas imperativas y mucho menos vinculantes –salvo las que dicta el Consejo de Seguridad para los casos de grave riesgo de la seguridad internacional, que no es el caso que comentamos– y esa errada percepción los lleva a desconocer o a evadir la exacta dimensión de los alcances que la doctrina otorga al denominado uso de la fuerza por el Estado que aquí vamos a desarrollar brevemente.

En primer lugar, debe quedar claro que el uso de la fuerza es una facultad exclusiva del Estado. Guste o no, el Estado es el que detenta dicho monopolio en lo que se conoce, también en el marco doctrinario, como violencia legítima. Eso quiere decir que nadie ni nada que no sea el Estado, entonces, puede arrogárselo. La única forma de ejercerlo es a través de sus instituciones tutelares, que en el caso del Perú corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, las mismas que están subordinadas al poder político. El acto ceremonial que hemos visto recientemente en Palacio de Gobierno en que la presidenta Dina Boluarte recibe el bastón de mando por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, visibiliza el sentido de cumplimiento de lo está establecido en forma indubitable en la Constitución Política. 

Los Estados sin el control de la violencia legítima suelen terminar anarquizados y califican como auténticos Estados fallidos, que yo llamo Estados fallados porque son sencillamente ingobernables dado que no se puede identificar a la autoridad central. El Perú por supuesto que no es ningún Estado fallido porque si algo hemos visto es que la autoridad central -gobierno del Perú- está plenamente identificada por más que sea cuestionada por algunos sectores, lo que es un asunto distinto y hasta tolerable y comprensible dado que en un Estado las percepciones políticas sobre la justa tenencia del poder y el ejercicio de la gobernanza suelen ser diversas y diría mejor, hasta dominadas por su heterogeneidad.

Como titular del ius imperium o poder estatal, el Estado, entonces, usa la fuerza soberanamente y esto es lo que debe ser comprendido por los actores internacionales como las Naciones Unidas cuyos relatores reclaman información detallada poniendo al Estado peruano en una posición a priori de verdugo. Tampoco es que el Estado debe abusar de su calidad coactiva (uso de la fuerza) y coercitiva (amenaza o advertencia legítima). Hacerlo significaría cruzar los límites de la permisividad y caer en el execrable marco de la violación de los derechos humanos que no solo preocupa a la ONU sino a todos los que tenemos sentido común del ejercicio cabal del poder. Cuando vimos el maltrato a los estudiantes sanmarquinos y a los visitantes en las instalaciones del campo universitario, salimos a condenar enérgicamente los excesos, porque nunca debe ultrajarse la dignidad humana. Ese mismo tamaño de reproche lo hacemos a los trogloditas que han causado destrozos en carreteras, aeropuertos, establecimientos públicos y sobre todo haber producido el execrable asesinato de un policía que terminó calcinado y sobre cuyo caso el pedido de la ONU no se ha mostrado con el mismo tamaño de preocupación e interés que reclamamos la inmensa mayoría de peruanos. Todas las vidas son importantes y todos los casos deben merecer la misma atención por el Estado como por las organizaciones internacionales preocupadas por los derechos humanos como ahora es el caso de la ONU que comentamos.

Ahora bien, no debe olvidarse de que el objeto central del uso de la fuerza es el mantenimiento del orden social de lo contrario podría imponerse la barbarie y eso debe ser evitado a cualquier precio. Aunque el caso peruano es distinto y distante, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispone el ejercido del uso de la fuerza en la idea del control social para imponer el orden de lo contrario el país seguiría bajo el dominio de las maras que volvieron a la nación centroamericana una de las más inseguras del planeta. Precisamente a su vicepresidente, Félix Ulloa, en oportunidad de la cena de despedida del mando del presidente de Colombia, Iván Duque, en el Palacio de Nariño, el 6 de agosto de 2022, ofrecida a presidentes y cancilleres, planteé a Ulloa la posibilidad de que una comisión peruana por mí presidida, pudiera viajar a su país para recoger la experiencia in loco de su exitoso plan de orden social. La entonces vicepresidenta Boluarte, que también viajó a Colombia para la trasmisión de mando, platicó con el vicepresidente Ulloa, en el entendido de que estaba de acuerdo en conocer de cerca las prácticas salvadoreñas del uso de la fuerza dentro de los parámetros establecidos en la ley de manera que la hoy presidenta del Perú seguramente recogió el sentido político de las acciones en El Salvador por lo que comprende a cabalidad el uso de la fuerza y de la necesidad de empoderar a quienes en nombre del Estado la ejecutan.

La ONU quiere conocer detalles de cómo se produjeron las muertes de 60 compatriotas durante las marchas referidas líneas arriba y estoy de acuerdo en que se investigue los casos de manera individualizada porque esa es la manera de cómo se determina la responsabilidad penal pero creo también de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no debe perder de vista de que el uso de la fuerza, que siempre debe ir pegado al respeto del derecho internacional humanitario para proteger a los que no combaten y se hallan en medio de la guerra, sucede también cuando las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú repelen un ataque terrorista. La ONU debe comprender que no son asesinos, sino en cambio, agentes defensores del mantenimiento de la paz que es una categoría jurídica reconocida por el derecho internacional. De allí que cuando las fuerzas del orden ejecutan operaciones armadas, sus consecuencias estarán legitimadas siempre que lo hagan contra combatientes en fase activa, independientemente de la edad o las condiciones del enemigo. Guste o no, el derecho superpone y privilegia la justificación del uso de la fuerza a la condición advertida y con certeza de que sea combatiente y ese estado supone que aquel que se encuentra en la referida fase activa contra el poder del Estado puede ser capaz de eliminar a los miembros del orden por lo que éstos deben acabarlos y el Estado nunca jamás dejarlos sin piso, sino en todo tiempo empoderarlos.

Finalmente, convendría precisar de que en el caso de los grupos terroristas, de los que realizan actos terroristas o de las bandas criminales –durante las marchas hacia Lima de ciudadanos con derecho a expresar su protesta hubo infiltrados terroristas– sus acciones se encuentran tipificadas en el código penal del Estado pues son perpetradores del ilícito penal donde el uso de la fuerza con que actúan nunca jamás tendrán un ápice de justificación, y porque no solamente usan la fuerza desde su condición delictiva, sino que además, no gozan ni son parte del convencionalismo social en ninguna forma y bajo ningún presupuesto al hallarse en una posición de marginalidad al Estado y al derecho que más bien buscan acabar.

El Perú deberá emitir el informe requerido, y estoy de acuerdo en que cumpla con el cometido, pero sin sentirse obligado porque la ONU no tiene calidad imperativa ni nos debemos por circunstancias vinculantes, que no existen dado que en las Naciones Unidas las relaciones son horizontales por el principio de igualdad jurídica de los Estados que por cierto le dan vida a la propia organización. Lo haremos, por tanto, porque somos parte de la comunidad internacional que acepta reglas y convenciones sin perder de vista nuestra pétrea calidad soberana y superponiendo el interés nacional por sobre todas las cosas.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay
Excanciller de la República del Perú. Profesor de Política Exterior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.